SAP Madrid 11/2014, 7 de Enero de 2014
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 11/2014 |
| Fecha | 07 Enero 2014 |
AUDIENCIA DE MADRID
Sección 15ª
Rollo de apelación nº 134/2013
Procedimiento Abreviado nº 570/10
Juzgado de lo Penal nº 5 de Madrid
S E N T E N C I A Nº 11/14
Iltmos. Sres.:
Dª. PILAR DE PRADA BENGOA
Dª. ANA REVUELTA IGLESIAS
D. LUIS CARLOS PELLUZ ROBLES
En Madrid, a siete de enero de dos mil catorce.
VISTO en grado de apelación ante la SECCION 15ª de esta Audiencia el presente Rollo dimanante del Procedimiento Abreviado expresado en el encabezamiento procedente del Juzgado de lo Penal que en el mismo lugar se cita, el cual pende ante este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por Juan Pablo, contra la sentencia dictada en dichas actuaciones el día 9 de enero de dos mil trece por el Ilmo. Sr. Juez de dicho Juzgado, y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. LUIS CARLOS PELLUZ ROBLES, que expresa la decisión del Tribunal
Los hechos probados de la Sentencia apelada son del tenor literal siguiente: Se declara probado que el acusado Juan Pablo, mayor de edad y sin antecedentes penales, venía obligado por Sentencia de fecha 11 de octubre de 1193, dictada por la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid, al pago del equivalente a 780 euros mensuales, con actualizaciones como pensión a favor de sus hijos menores de edad habidos con María Dolores .
El acusado no abonó la cantidad actualizada durante el periodo comprendido desde el mes de septiembre de 2007 hasta el mes de marzo de 2008.
El acusado ingresó las cantidades debidas en marzo de 2009 y enero de 2010.
Las actuaciones han estado paralizadas por causas no imputables al acusado desde octubre de 2010 hasta septiembre de 2012.
Y el FALLO: 1º Se condena al acusado Juan Pablo como autor penalmente responsable de un delito de abandono de familia, y definido, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de cien (100) euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
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Se condena al acusado Juan Pablo al pago de las costas procesales.
Admitido el recurso se elevaron las presentes actuaciones originales a esta Superioridad, tramitándose en legal forma, no celebrándose vista pública, al no solicitarla las partes ni estimarla necesaria el Tribunal.
En la tramitación y celebración del presente recurso se han observado las prescripciones legales exigidas al efecto.
SE ACEPTAN el relato de hechos probados de la Sentencia recurrida.
El recurrente fundamenta la apelación por tres motivos: en primer lugar que el Juzgador ha errado al valorar la prueba.
Si bien el recurso de apelación autoriza al Tribunal "ad quem" a revisar la valoración probatoria efectuada por el Juzgador de instancia, el hecho de que la apreciación de éste tenga como base las pruebas practicadas a su presencia y con respeto a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina, por punto general, que la valoración de aquella, apreciando además las razones expuestas por la acusación y por la defensa, y lo manifestado por las partes ( art. 741 LECRIM ) deba, en principio, respetarse en la apelación, con la única excepción de carecer de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto del juicio oral. El art. 741 de la LECRIM dispone que el Tribunal sentenciador apreciara en conciencia las pruebas practicadas. Esta "apreciación en conciencia", exige en cualquier caso que de una forma razonada se analicen las pruebas, y se obtenga de ellas una conclusión lógica y coherente, que determine el fallo, pues en caso de duda, operaría el principio "in dubio por reo".
El fundamento primero de la resolución, de una forma pormenorizada, explica las razones que han llevado al Juez a establecer ese relato de hechos, analizando y valorando la prueba practicada, concretamente la declaración de la beneficiaria de la pensión alimenticia, y del propio acusado reconociendo la existencia de la obligación de pago derivada del procedimiento de divorcio, y que no pagó la pensión establecida a favor durante el período comprendido entre septiembre de 2007 y marzo de 2008. Lo que resulta corroborado con la prueba documental justificativa de los ingresos por pago de pensión en otros períodos.
En los hechos declarados probados, ningún error se aprecia en la sentencia. Existe un pronunciamiento judicial estableciendo una obligación de pago derivado de un procedimiento de divorcio y Juan Pablo sin causa que lo justifique no ha satisfecho la obligación ni ha obtenido una modificación de esta por causas sobrevenidas. Las alegaciones del recurrente no modifican el relato fáctico.
Con todo este acervo probatorio, el Juez ha llegado a la conclusión establecida en los hechos probados, no se aprecia ningún error en la valoración de la prueba, el relato fáctico se corresponde con las pruebas practicadas en el juicio, y la conclusión es perfectamente lógica. No siendo admisible sustituir el criterio imparcial del Juzgador por el parcial de la parte recurrente.
También se alega por el recurrente que se ha producido la vulneración del art. 24 CE, concretamente del principio de la presunción de inocencia.
La jurisprudencia constitucional ha marcado desde su etapa inicial las exigencias que reclama la presunción de inocencia en el proceso penal. Se exige auténtica prueba de cargo ( STC 70/1985, reiterada por la STC 98/90 ), practicada con inmediación del órgano judicial bajo los principios de contradicción y publicidad, es decir en juicio (STC 31/81, reiterada y citada en muchas otras sentencias así 118/91, 124/90 ). Partiendo de estas premisas ha de concluirse que no se ha producido infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia pues, la sentencia recurrida relata que los hechos han resultado probados por los testimonios prestados tanto por el propio recurrente como los agentes en el acto del juicio.
La STC de 22.09.08 decía que "el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. De modo que, como se declara en la STC 189/1998, de 28 de septiembre, "sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" . La jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en la STS de 27.09.06 establece que: "El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro derecho con rango fundamental en el art. 24 CE ., implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; art. 6.2 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y art. 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ). Su alegación en el proceso penal obliga al Tribunal de casación a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de...
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