Sentencia nº 267/2015 de AP Sevilla, Sección 7ª, 9 de Junio de 2015

Procedimiento:PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Ponente:MARIA DE LOS ANGELES SAEZ ELEGIDO
Fecha de Resolución: 9 de Junio de 2015
Número de Resolución:267/2015
Número de Recurso:10704/2014
Emisor:Audiencia Provincial - Sevilla, Sección 7ª
RESUMEN

DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. La conciencia de antijuridicidad como elemento del delito no requiere el conocimiento concreto de la norma penal que castiga el comportamiento de que se trate, ni tampoco el conocimiento de que genéricamente el hecho está castigado como delito. Basta con saber a nivel profano que las normas que regulan la convivencia social (el Derecho) prohíben el... (ver resumen completo)

 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

SECCIÓN SÉPTIMA

SENTENCIA N.º 267/2015

Rollo 10.704/2014

Procedimiento Abreviado: 185/2013

Juzgado de lo Penal n.º 7

Magistrados: Javier González Fernández, presidente

Juan Romeo Laguna

Esperanza Jiménez Mantecón.

Ángeles Sáez Elegido, ponente.

Sevilla a 9 de junio de 2015

ANTECEDENTES PROCESALES

Primero

La Sra. Magistrada de lo Penal n.º 7 dictó sentencia el día 31 de marzo de 2014 con los siguientes particulares:

Hechos Probados: " Los acusados Cipriano Y Tarsila, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, adquieren para su sociedad de gananciales por documento privado de 18 DE AGOSTO DE 2009, una parte de la finca radicada en la parcela NUM000 del polígono NUM001 de la localidad sevillana de Carmona, paraje llamado DIRECCION000 o DIRECCION001, finca registral NUM002, de unos 939 metros cuadrados.

En la división se le dio la identificación como subparcela nº NUM003 .

En dicha finca se ha llevado por persona distinta a los acusados una parcelación ilegal por dividir la finca original en lotes inferiores a la unidad mínima de cultivo de 25.000 metros cuadrados en secano y de

2.500 metros cuadrados en suelo de regadío.

La parcela está situada en suelo clasificado como no urbanizable de especial protección de los acuíferos, zona de terrazas, por las Normas subsidiarias de planeamiento de Carmona aprobadas el 17 de noviembre de 1983.

Los acusados después de la compra, sabiendo que en esa zona al ser terreno rústico, no se podía construir, no recabaron licencia, y colocó en el terreno, antes del 20-9-10, un módulo prefabricado de unos 20 metros cuadrados aproximadamente, asentado sobre el terreno por unas vigas de hormigón; en su parte delantera se levanta una construcción metálica de unos 4 metros cuadrados; en uno de los laterales, sobre una solera de hormigón se coloca una caseta metálica de PVC de unos 4 metros cuadrados. Además han colocado una barbacoa, y una piscina de madera sobre base de hormigón, quedando la parcela mencionada con agua y luz. Las edificaciones no son autorizables o legalizables conforme a la normativa urbanística municipal, por ser terrenos derivados de una parcelación en suelo rustico no autorizable, y se prohíbe toda construcción que pueda dar a un núcleo de población.

La Fiscalía interpuso querella criminal contra los acusados el 4-11-10, y fue admitida a trámite el 24-11-10.

El Juzgado de instrucción de Carmona ordenó el precinto de las obras que se realicen esa finca y corte de suministros".

Fallo: "Que debo condenar y condeno a Cipriano Y Tarsila, como autores responsables de un delito contra la ordenación del territorio, previsto en el artículo 319, del Código penal, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena a cada uno de ellos de SEIS MESES DE PRISIÓN y DOCE MESES DE MULTA con una cuota diaria de 4 euros, accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, e inhabilitación especial para la profesión u oficio de albañil, o constructor, financiador de otras obras, o arquitecto técnico o la posibilidad de obtenerlo la titulación de éste durante el plazo de seis meses, todo ello con el pago de la mitad de las costas procesales a partes iguales.-Que debo absolverles a los condenados del delito del art. 319, del CP del que venía acusados con declaración de la mitad de las costas procesales de oficio.

El total de la pena de multa impuesta será abonada en el plazo máximo de seis meses en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado bajo el apercibimiento en caso de impago e insolvencia de cumplir la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa impagada del total.

Se decreta la demolición de las obras realizadas objeto de esta causa, a costa de los acusados."-

Segundo

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el Ministerio Fiscal y la defensa de los acusados y admitido a trámite fue impugnado, el de éstos, por el Ministerio Fiscal

Tercero

Remitida la causa a este Tribunal, se formó rollo, fue designada ponente la magistrada Sra. Sáez Elegido, se dio traslado y tras deliberar se acordó resolver como a continuación se va a exponer.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos los declarados como tales en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero

Contra la sentencia que condena a D. Cipriano y a Dª Tarsila como autores responsables de un delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 del CP, recurre en apelación su defensa argumentado valoración errónea de la prueba practicada en cuanto a los hechos que les son atribuidos y aplicación también errónea de la normativa jurídica aplicable; invoca expresamente la existencia en cualquier caso de un error de prohibición que les eximiría de responsabilidad y alude igualmente al principio de intervención mínima del derecho penal en la medida que estima que el proceder de sus defendidos no debió salir del ámbito administrativo sancionador.

Recurre asimismo el Ministerio Fiscal interesando exclusivamente que la condena lo sea por el aparado primero del art 319 del CP en razón a la especial condición del suelo.

Segundo

Dando comienzo al recurso interpuesto por la defensa de los acusados, analizaremos, por ser la invocación mas general, el principio de intervención mínima y la idea de última ratio del Derecho Penal que es tema ya superado en doctrina y jurisprudencia, que parten de que en todo caso se trata de un mandato dirigido principalmente al legislador y que, desde luego, no puede desvitalizar el principio de legalidad, sin olvidar además el expreso mandato constitucional previsto en el art 44.3 de la CE .

Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2001, sostuvo que "la importancia de este valor, (medioambiente), aconseja no recurrir con demasiada facilidad al principio de "intervención mínima" cuando se trata de defenderlo mediante la imposición de las sanciones legalmente previstas a los que lo violen. Debe tomarse, en consecuencia, con ciertas reservas la afirmación -deslizada ocasionalmente en alguna Resolución de esta misma Sala- de que el Derecho Penal actúa en la protección del Medio Ambiente de forma accesoria y subsidiaria con respecto al Derecho Administrativo". En igual sentido, las sentencias del mismo Tribunal...

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