AAP Las Palmas 521/2009, 14 de Octubre de 2009
| Ponente | EMILIO JESUS JULIO MOYA VALDES |
| ECLI | ES:APGC:2009:2160A |
| Número de Recurso | 242/2009 |
| Procedimiento | APELACION AUTOS |
| Número de Resolución | 521/2009 |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 6ª |
A U T O
ROLLO: 242/09
Recurso de apelación
Juzgado de Instrucción núm. UNO de Puerto del Rosario
DILIGENCIAS PREVIAS: nº 2391/08
Ilmos. Sres.:
Presidente:
Doña Oliva Morillo Ballesteros
Magistrados:
D. Emilio J. J. Moya Valdés
D. José Luis Goizueta Adame
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de octubre de dos mil nueve.
Dada cuenta; y
En procedimiento de Diligencias Previas más arriba referenciado se dictó con fecha 11 de mayo de 2009 auto por el que se declaraba el sobreseimiento provisional y posterior archivo de las actuaciones. Contra la mencionada resolución se interpuso por el Procurador Don Juan Guardiet Vera, en representación de Héctor, recurso de reforma.
Con fecha 11 de mayo de 2009 se dictó auto desestimando la reforma y contra esta resolución se formuló por el denunciante anteriormente mencionado recurso de apelación y admitiendo el recurso de apelación interpuesto y habiendo dado traslado a las demás partes por cinco días, se remitieron las actuaciones a esta Sala para la resolución del recurso interpuesto.
El respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, y por tanto, al proceso, no es incompatible con una resolución motivada del órgano judicial que le ponga término en fase instructora anticipadamente, conforme a las previsiones de la Ley (STC de 14 de febrero y de 16 de noviembre de 1989 ). El sobreseimiento provisional es una declaración de voluntad judicial que pone fin al proceso de forma interina, por falta de los presupuestos necesarios para decretar la apertura del juicio oral. Es, en definitiva, como dice la STS de 7 de abril de 1987, la consecuencia procesal del fracaso en la investigación, que no alcanzó los objetivos que, en principio, se perseguían. Sin embargo en el presente caso, estima la Sala que no se han practicado todas las diligencias de instrucción necesarias para llegar al convencimiento razonable de la imposibilidad de acreditar los hechos denunciados. Téngase en cuenta que quien niega la certeza de los hechos denunciados son los propios denunciados, como suele ser habitual en el ejercicio de su derecho a no declarar contra sí mismos, sin que sea significativo ni relevante que los denunciados no reconozcan los hechos, los cuales debe intentarse acreditar por otros medios no relacionados con los denunciados,...
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AAP Las Palmas 572/2010, 8 de Octubre de 2010
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