AAP Pontevedra 70/2011, 31 de Marzo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 70/2011 |
| Fecha | 31 Marzo 2011 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6
PONTEVEDRA, sede Vigo
AUTO: 00070/2011
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6PONTEVEDRA
N10300
C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - VIGO
Tfno.: 986817388-986817389 Fax: 986817387
N.I.G. 36057 42 1 2010 0019200
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0004016 /2011
Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de VIGO
Procedimiento de origen: INTERNAMIENTO 0001241 /2010
Apelante: MINISTERIO FISCAL
Apelado: Cristina, RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES DE VIGO,
AUTO NÚM. 70/11
TRIBUNAL QUE LO DICTA
ILMO SR PRESIDENTE :
D. JULIO PICATOSTE BOBILLO
MAGISTRADOS :
D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO
D. EUGENIO FRANCISCO MÍGUEZ TABARES
En Vigo, a treinta y uno de marzo de dos mil once.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sede Vigo, el procedimiento número 1241/10, procedente del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, sobre autorización judicial para el internamiento en la Residencia Asistida de Maiores de Vigo de doña Cristina, al que ha correspondido el Rollo de apelación número 4016/11, en el que es parte apelante : el MINISTERIO FISCAL.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JULIO PICATOSTE BOBILLO, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHOS
Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Vigo, con fecha 10 de diciembre de 2010, se dictó auto cuya parte dispositiva expresa:
" No procede la admisión a trámite de la presente solicitud de internamiento de Dña. Cristina realizada por el director de la Residencia Asistida de Mayores de Vigo. ".
Notificada dicha resolución por el Ministerio Fiscal se interpuso recurso de apelación contra el referido auto interesando en base a lo expuesto en el mismo su revocación y que se determine que procede la autorización judicial del internamiento involuntario temporal de doña Cristina .
Elevadas las actuaciones a esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sede Vigo, para su resolución se abrió el oportuno rollo bajo el núm. 4016/11, siguiendo el recurso los trámites de rigor y señalándose para su deliberación y fallo el día 31 de marzo.
La cuestión que se trae a la consideración de esta Sala estriba en decidir si el internamiento en establecimiento geriátrico de personas que, por causa de algún padecimiento psíquico, no están en condiciones de decidir por sí mismas, está sometido a la necesidad de previa autorización judicial y si es cauce apropiado el procedimiento previsto en el art. 763 de la LEC . El tema suscita opiniones encontradas, tanto en la doctrina como en las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales. En contra de la necesidad de autorización judicial y su obtención por medio del procedimiento que arbitra el art. 763 de la LEC se han pronunciado los Autos de las AA PP de Barcelona de 24-7-1996 y 10-11-1996 y La Rioja de 17-1-2000. A favor, las AA PP de Segovia, en auto de 27-3-2000, Valencia, en auto de 6-5-2002, o Toledo, en resolución de 16-1-2003.
Este tribunal se adhiere a esta segunda postura y comparte la tesis de autores y tribunales que sostienen la necesidad de la autorización judicial previa en los supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados por algún tipo de trastorno o enfermedad mental y la consideración del procedimiento previsto en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado para decidir y establecer el necesario control judicial.
El internamiento de personas de la tercera edad que no están en situación de decidir por sí mismas comporta una privación del derecho a la libertad. No diferenciación, a estos efectos, entre establecimientos geriátricos y psiquiátricos.
Lo que, a la postre, se pretende y está en juego no es sino el internamiento en establecimiento cerrado de persona que no está en condiciones de consentir o decidir por sí misma sobre su ingreso y permanencia en el centro, lo que da lugar a que ese internamiento sea decidido por terceros sin o contra su voluntad, y ello, quiérase o no, supone una privación de libertad y como tal se hace acreedora de las garantías que establece el art. 17.1 de la CE y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y bajo tal perspectiva debe ser interpretado el art. 763 de la LEC, único instrumento legal que en nuestro ordenamiento jurídico regula los internamientos no voluntarios de personas que carecen de conocimiento y entendimiento para decidir sobre su propio ingreso.
Atento a la situación que en aquel momento se le planteaba al legislador, es probable que en la redacción del art. 763 de la LEC tuviera presente los internamientos en centros psiquiátricos. Pero ha de hacerse notar que a lo largo del texto del apartado 1 del citado precepto solo se habla de "centro", sin otro aditamento restrictivo. Solo en el apartado 2, y en relación con los menores, se habla de establecimiento de salud mental.
Debe advertirse que, desde una perspectiva más amplia, el propio legislador está admitiendo internamientos en centros diversos, no estrictamente psiquiátricos, para los que también concibe la necesidad de autorización o control judicial; véase sino el art. 271 del CC que exige autorización judicial para que el tutor pueda internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
Dice el AAP de Valencia de 6-5-2002 que el hecho que se trate de un centro especializado en tratamiento geriátrico no sirve "para rechazar «a priori» la posibilidad de un ingreso psiquiátrico, cuando lo relevante es el estado del enfermo que sufre de padecimientos que le imposibilitan de decidir por sí. E independientemente que también en los centros de la tercera edad se realizan cuidados y se puede proporcionar tratamiento médico y farmacológico de control de las enfermedades psiquiátricas con personal específico, dentro de un grado que no exija el ingreso en otros centros más especializados."
Lo que verdaderamente ha de tenerse por decisivo no es tanto el tipo de establecimiento cuanto el hecho capital de que el sujeto carezca de discernimiento para decidir sobre el internamiento y de que se trate de establecimiento donde la persona ingresada esté privada de libertad deambulatoria (en este sentido AAP de Toledo de 16-1-2003). Que el internamiento sea en un centro especializado para enfermos mentales o en un geriátrico en nada modifica lo sustancial: el internamiento no voluntario como medio de prestar la asistencia necesaria al estado y condiciones del sujeto. Y ello en el entendimiento, como es lógico, de que cuando se habla de internamiento, lo es con referencia a establecimientos en los que existen barreras, físicas o personales, que impidan su abandono voluntario y libre. No cabe hablar de internamiento - y, por tanto, de necesidad de régimen de garantías- si no se dan estas condiciones y el sujeto puede entrar y salir del establecimiento según su voluntad y conveniencia.
Puede decirse que el sistema de garantías protectoras de la libertad de las personas, la necesidad del control judicial, en definitiva, entra en juego y se hace preciso desde el momento en que concurren estos dos factores: internamiento en régimen cerrado que comporta la privación de libertad deambulatoria y que no sea voluntario (porque se actúa contra la voluntad del sujeto o porque no está en condiciones de prestarlo).
Por lo demás, de los geriátricos cabe afirmar que son a la vez centros de internamiento asistencial que, en ocasiones, proporcionan asistencia clínica, de ahí su carácter mixto. Por otro lado, cuando se habla de establecimiento de salud mental, debe darse cabida en este concepto a todos los servicios destinados a atender a las personas que padecen todo tipo de deficiencia que comporta la imposibilidad de decidir por sí mismos.
Dice a este propósito el AAP de Segovia de 27-3-2000 que si la persona de que se trata, "además de su avanzada edad, la razón de su acogida en un centro de asistencia geriátrica es que padece una enfermedad o trastorno mental, que...
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