SAP Salamanca 346/2012, 19 de Junio de 2012
| Ponente | ANGEL SALVADOR CARABIAS GRACIA |
| ECLI | ES:APSA:2012:370 |
| Número de Recurso | 40/2012 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 346/2012 |
| Fecha de Resolución | 19 de Junio de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Salamanca, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1SALAMANCA SENTENCIA: 00346/2012
SENTENCIA NÚMERO 346/12
ILMO SR PRESIDENTE
DON ILDEFONSO GARCÍA DEL POZO
ILMOS SRES MAGISTRADOS
DON ANGEL S. CARABIAS GRACIA
DON JOSÉ ANTONIO VEGA BRAVO
En la ciudad de Salamanca a diecinueve de Junio del año dos mil doce.
La Audiencia Provincial de Salamanca, ha visto en grado de apelación el Juicio Ordinario Nº 916/10 del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Salamanca, Rollo de Sala Nº 40/2.012 ; han sido partes en este recurso: como demandante apelado DON Blas, representado por la Procuradora Doña María Jesús Hernández González, bajo la dirección de la Letrada Doña Elvira Hernández Hernández; y como demandado apelante BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., representado por el Procurador Don Miguel Angel Gómez Castaño, bajo la dirección de la Letrada Doña Palmira García Ortega .
-
- El día dieciséis de Noviembre de dos mil once, por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº 4 de Salamanca, se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente FALLO: "Que estimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Hernández González, en representación de D. Blas, acuerdo declarar la nulidad del contrato de permuta financiera de tipos de interés celebrado entre las partes el 10 de abril de 2007, y ordenar la consiguiente restitución de las prestaciones realizadas por ambas partes por razón del contrato anulado, y, a tal efecto, condeno a la entidad bancaria a practicar la correspondiente liquidación y a ingresar en la cuenta del demandante el importe resultante de la misma con sus intereses legales; con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada."
-
- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandada que fue formalizado en tiempo y forma y presentado escrito hizo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar suplicando la revocación de la resolución recurrida, dictándose otra en la que se desestime íntegramente la demanda presentada por la actora, absolviendo a su mandante de cuantas peticiones se formulan en la misma, con expresa imposición de costas a la demandante . Dado traslado de la interposición del recurso a la contraparte, por la legal representación de ésta se presentó escrito de oposición al mismo, haciendo las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar suplicando la confirmación de la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas a la parte apelante.
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- Recibidos los autos en esta Audiencia, se formó el oportuno rollo, señalándose para la votación y fallo del recurso el día veinticuatro de Mayo de los corrientes, pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente para dictar sentencia.
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- Observadas las formalidades legales. Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON ANGEL S. CARABIAS GRACIA.
Dictada sentencia estimando la nulidad de un contrato de permuta financiera de tipos de interés también llamado de riesgos financieros o en inglés swap, la parte demandada se alza contra dicha decisión interesando se revoque la sentencia a fin de que se declara la validez de tal contrato mientras que la parte actora que ahora es apelada solicita la confirmación de la sentencia. El motivo por el que se declaró la nulidad es el error en el consentimiento por lo que en primer lugar hemos de ver la génesis de este concreto contrato y su significado en el mundo de las finanzas.
El contrato de autos se concertó el 10-4-2007 previo a un préstamo con garantía hipotecaria que suscribió el hoy actor con el Banco de Castilla (que luego seria absorbido por Banco Popular) en el que se establecieron la fecha de vencimiento, tipos de interés etc. Como tal contrato es de adhesión pues el banco lo tenía impreso y no permitía modificación alguna por parte del cliente. Este es un producto financiero hecho a la medida del banco, no del cliente. Ya en nuestra sentencia de 21-6-2011 se hacia un estudio de este contrato y decíamos:
"El tema de los contratos de gestión de riesgos financieros ha sido estudiado ampliamente por los Tribunales a raíz de las demandas de particulares, personas físicas o jurídicas, en petición de nulidad de los mismos cuando han advertido que el contrato en cuestión no era un sencillo y tradicional contrato de seguro sino algo bastante mas complejo que comportaba unos altos riesgos. No hay unanimidad en cuanto a las peticiones de nulidad y así la sentencia de 21-6-2011 de esta Sala estableció: Como señala la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Oviedo de 12 de noviembre de 2010, citando otras dos sentencias dictadas por la sección quinta de dicha audiencia con fecha de 27 de enero y 23 de julio del mismo año 2010, " el contrato objeto de juicio, unido a los folios 46 y siguientes de los presentes autos y denominado por las partes como "contrato de gestión de riesgos financieros" constituye uno de los conocidos en la doctrina científica como contratos de permuta financiera en su modalidad de permuta de tipos de interés (en la terminología anglosajona "swap").
Se trata de un contrato atípico pero lícito al amparo del artículo 1255 CC y 50 del CCO, importado del sistema jurídico anglosajón, y caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, es decir, generador de recíprocas obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de prestaciones actuando con cada una como causa de la otra), de duración continuada y en el que se intercambian obligaciones recíprocas.
En su modalidad de tipos de interés, el acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no real (nocional) los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada contratante, denominados tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, pues no hay, en realidad, acuerdo de préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato o, sólo y más simplemente, a liquidar periódicamente, mediante compensación, tales intercambios resultando a favor de uno u otro contratante un saldo deudor o, viceversa, acreedor.
De otro lado, interesa destacar que el contrato de permuta de intereses, en cuanto suele ser que un contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, pero la doctrina rechaza la aplicación del artículo 1799 CC, atendiendo a que la finalidad del contrato no es en sí la especulación, sino la mejora de la estructura financiera de la deuda asumida por una empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los mercados financieros y que, como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma, recíproco de las prestaciones que obligan a los contratantes.
Y, con relación a la información que el banco ha de transmitir al cliente respecto a los productos y servicios que ofrece, hemos de indicar que el derecho a la información en el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él (el cliente bancario), principalmente, a través tanto de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, como en la fase contractual, mediante la documentación contractual exigible. En ese sentido es obligada la cita del artículo 48.2 de la L.D.I.E.C. 26/1988 de 29 de julio y su desarrollo, pero la que real y efectivamente conviene al caso es la ley 24/1988 de 28 de julio del mercado de valores al venir considerada por el banco de España y la C.N.M.V incursa la operación litigiosa dentro de su ámbito (mercado secundario de valores, futuros y opciones y operaciones financieras, articulo 2 L.M .V). Esa mirada normativa del mercado de valores sorprende positivamente la protección dispensada al cliente, dada la complejidad de ese mercado y el propósito decidido de que se desarrolle con transparencia, pero sorprende, sobre todo, lo prolijo del desarrollo normativo sobre el trato debido de dispensar al cliente, con especial incidencia en la fase precontractual.
Este desarrollo ha sido tanto más exhaustivo con el discurrir del tiempo, y así, si el artículo 79 de la
L.M .V, en su redacción primitiva, establecía como regla cardinal del comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y entidades de crédito frente al cliente la diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión ordenada y prudente cuidando los intereses del cliente como propios (letras I.A y I.C), el RD 629/1993 concretó, aún más, desarrollando, en su anexo, un código de conducta, presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí interesa, adecuada información tanto respecto de la clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión (artículo 4 del anexo 1), como frente al cliente (artículo 5), proporcionándole toda la información de que dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquel de la decisión de inversión "haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva" (artículo 5.3). (Negrita actual que no está en la sentencia original)
Dicho decreto fue derogado, pero la ley 47/2007 del 19 de diciembre por la que se modifica la ley del mercado de valores continúa con el desarrollo normativo de protección del cliente introduciendo la distinción entre clientes profesionales y minoristas, a los fines de distinguir el comportamiento debido frente a unos y...
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