SAP Cantabria 478/2013, 14 de Octubre de 2013

Ponente:MARIA JOSE ARROYO GARCIA
Número de Recurso:35/2013
Procedimiento:RECURSO DE APELACIóN
Número de Resolución:478/2013
Fecha de Resolución:14 de Octubre de 2013
Emisor:Audiencia Provincial - Cantabria, Sección 4ª
RESUMEN

PROPIEDAD HORIZONTAL. ARRENDAMIENTO DE OBRA. Si bien del informe del perito designado judicialmente se extrae que sería necesario que las viviendas no estuvieran ocupadas durante las obras de reparación, precisó que no sería necesario probablemente el desalojo de los muebles. Por otro lado, no existe prueba del periodo en que se debe proceder a la no ocupación, al no extraerse el mismo de los... (ver resumen completo)

 
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S E N T E N C I A nº 000478/2013

Ilma. Sra. Presidente

Dª. Maria José Arroyo García

Ilmos. Sres. Magistrados

D. Marcial Helguera Martínez

Dª. Mª del Mar Hernández Rodríguez

En Santander, a 14 de octubre de 2013.

Vistos en trámite de apelación ante esta AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 4 de Cantabria los presentes autos de Procedimiento Ordinario, Rollo de Sala nº 0000035/2013, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1(Civil) de Castro-Urdiales.

En esta segunda instancia ha sido parte apelante COMUNIDAD PROPIETARIOS BARRIO000 NUM000 DE GURIEZO, representada por la Procuradora Dª. CRISTINA DAPENA FERNANDEZ, y defendida por el Letrado D. JOSE IGNACIO MONTES SESAR; y partes apeladas CONSTRUCCIONES A.P. IRASTORZA S.L., Jesús María, Baldomero Y PROMOTORA GUTTESI S.L. representados por los Procuradores Dª. PILAR IBAÑEZ BEZANILLA D. TOMAS GARRO GARCIA, Dª. PALOMA GAMO MACAYA Y D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MUÑOZ y asistidos de la Letrada Dª. SAMUEL PEREZ DEL CAMINO, MARIA HUERTA GANDARILLAS, ANA LOBORDA COBO E ISABEL SILVINO VILLA.

Es ponente de esta resolución la Iltma. Sra. Magistrada Dña. Maria José Arroyo García.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1(Civil) de Castro-Urdiales, en los autos de referencia, se dictó sentencia con fecha 29 de junio de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "DESESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Ana María García González, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE BARRIO000 Nº NUM000 de la localidad de Guriezo (Castro-Urdiales), contra D. Baldomero representado por la Procuradora Doña Pilar Ibáñez Bezanilla, D. Jesús María representado por el Procurador D. Tomás Garro García de la Torre, la mercantil PROMOCIONES GURRESI S.L., representada por el Procurador D. José Luis Rodríguez y la entidad CONSTRUCCIONES RIASTORZA S.L., representad por la Procurador Dña. Pilar Ibáñéz Bezanilla que dio origen al presente pleito.

CONDENO en costas a la actora."

SEGUNDO

Contra dicha sentencia la representación de la ya reseñada parte apelante interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia; y tramitado el mismo se remitieron las actuaciones a la Iltma. Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes, habiendo correspondido, por turno de reparto, a esta Sección, donde tras la deliberación y el fallo del recurso, quedaron las actuaciones pendientes de dictarse la resolución correspondiente. TERCERO. - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para resolver el recurso, en razón a la existencia de otros asuntos civiles señalados con anterioridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La sentencia apelada desestimó la demanda al apreciar la falta de legitimación activa de la actora por no constar el acuerdo previo de la comunidad de propietarios facultando al presidente para el ejercicio de las acciones en defensa de la comunidad.

La comunidad de propietarios actora presentó una demanda frente a la promotora, constructora y técnicos intervinientes en la construcción, ante la existencia de defectos constructivos al amparo de la LOE, que hacen imposible la utilización de las viviendas, solicitando su condena a reparar los vicios constructivos.

El constructor se opuso a la demanda señalando que no es responsable de los defectos constructivos por haber cumplido lo presupuestado por la promotora y que en el informe pericial aportado por la actora no se le considera responsable de ninguna de las deficiencias.

La promotora contestó a la demanda, oponiéndose a la misma, señalando que los propietarios tuvieron acceso a las viviendas antes del otorgamiento de escritura pública y que hicieron seguimiento de la obra, negando la existencia de defectos constructivos. En la fundamentación jurídica excepción la falta de legitimación activa para la acción por responsabilidad contractual y la reclamación por los perjuicios que se causen de abandonar las viviendas durante la reparación.

Don Baldomero, director facultativo de la obra, se opuso a la demanda señalando que con relación a los gastos cuya indemnización se reclama no se encuentran amparados por la LOE y que debería probar su existencia y cuantía con presupuestos concretos, oponiéndose a la existencia de los defectos constructivos y a la responsabilidad del demandado.

Don Jesús María, arquitecto técnico, se opuso a la demanda negando que la viviendas no puedan ser utilizadas en condiciones normales, negando su responsabilidad en los defectos de existir. En la fundamentación jurídica excepcionó la caducidad de la acción respecto a los defectos de acabado o remate por no acreditarse que aparecieron dentro del plazo de un año y la prescripción de la acción.

SEGUNDO

Siendo el objeto del recurso la impugnación del pronunciamiento relativo a la falta de legitimación activa del presidente para actuar en nombre de la comunidad de propietarios es preciso recordar la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo al respecto, resumida, entre otras, en la Sentencia de 23 de abril de 2013 que recordando otras establece que "Dice la sentencia de 18 de julio de 2007, y reproducen las posteriores de 30 de abril de 2008 y 16 de marzo de 2011, en línea con la jurisprudencia contenida, entre otras, en la Sentencia de 8 de julio de 2003, que las Comunidades de Propietarios, con la representación conferida legalmente a los respectivos Presidentes, ex artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, gozan de legitimación "para demandar la reparación de los daños causados tanto a los elementos comunes como a los privativos del inmueble - STS de 26 de noviembre de 1990 -, y no puede hacerse por los extraños discriminación en punto a si los distintos elementos objetivos son de titularidad dominical privada o común, pues tal cuestión queda reservada a la relación interna entre los integrantes subjetivos de esa Comunidad -STS de 24 de septiembre de 1991 -, sin perjuicio, por ello, de las obligaciones del Presidente de responder de su gestión - SSTS de 15 de enero y 9 de marzo de 1988 -, pero cuya voluntad vale como voluntad de la Comunidad frente al exterior - STS de 20 de abril de 1991 -. En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha extendido las facultades del Presidente a la defensa de los...

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