SAP Asturias 80/2014, 11 de Marzo de 2014
| Ponente | RAMON IBAÑEZ DE ALDECOA LORENTE |
| ECLI | ES:APO:2014:603 |
| Número de Recurso | 344/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 80/2014 |
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Asturias, Sección 7ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 7
GIJON
SENTENCIA: 00080/2014
AUDIENCIA PROVINCIAL DE
GIJON
Sección 007
- Domicilio : PZA. DECANO EDUARDO IBASETA, S/N - 2º. 33207 GIJÓN
Telf : 985176944-45
Fax : 985176940
Modelo : SEN000
N.I.G.: 33076 41 1 2012 0100232
ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000344 /2013
Juzgado procedencia : JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de VILLAVICIOSA
Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001138 /2012
RECURRENTE : BANCO DE SABADELL S.A.
Procurador/a : FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VIÑES
Letrado/a : CRISTIAN BASSAS SERRA
RECURRIDO/A : MARTINEZ SOPEÑA HERMANOS, S.L.
Procurador/a : MARIA JOSE IÑARRITU RODRIGUEZ
Letrado/a : VIOLETA DE SIMON ARASTI
SENTENCIA Núm. 80/2014.
ILMOS. SRES.:
PRESIDENTE: DON RAFAEL MARTÍN DEL PESO GARCÍA
MAGISTRADOS: DON RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE
DOÑA MARTA MARÍA GUTIÉRREZ GARCÍA.
En Gijón, a once de Marzo de dos mil catorce.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en GIJÓN, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 1138/2012, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.1 de VILLAVICIOSA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) nº 344/2013, en los que aparece como parte apelante, BANCO DE SABADELL S.A., representado por el Procurador de los tribunales, Sr. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VIÑES, asistido por el Letrado D. CRISTIAN BASSAS SERRA, y como parte apelada, MARTINEZ SOPEÑA HERMANOS, S.L., representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARÍA JOSÉ IÑARRITU RODRÍGUEZ, asistida por la Letrada DOÑA VIOLETA DE SIMÓN ARASTI.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Villaviciosa, dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 31 de Mayo de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Iñarritu Rodríguez, en nombre y representación de Martínez Sopeña Hermanos, S.L., contra Banco Sabadell, S.A., debo declarar y declaro la nulidad del contrato marco de operaciones financieras de treinta de enero de 2006 y de confirmación de contratación derivados y condiciones generales de diez de septiembre de 2008, celebrados ambos entre las partes, condenando a la demandada a abonar a la actora la suma de 21.625,14 euros, con los intereses del artículo 1303 del Código Civil .
Se imponen las cosas a la demandada.
Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de BANCO SABADELL, S.A., se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia Provincial, y cumplidos los oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 12 de Febrero de 2014.
En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.
Vistos siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE.
Recurre en apelación la demandada, "Banco Sabadell S.A.", la Sentencia que, en primera instancia, estima íntegramente la demanda que interpuso contra ella "Martínez Sopeña Hermanos S.L.", declara la nulidad del contrato marco de operaciones financieras de 30 de enero de 2.006 y de confirmación de contratación derivados y condiciones generales de 10 de septiembre de 2.008, celebrados entre las partes, y condena a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 21.625,14 #, con los intereses del artículo
1.303 del Código Civil .
Es cuestión no discutida que, al abrigo de un contrato marco de operaciones financieras suscrito por las partes en fecha 30 de enero de 2.006, suscribieron después, en fecha 10 de septiembre de 2.008, un autodenominado documento de "Confirmación de Contratación Derivados y Condiciones Generales", que no era sino un contrato "SWAP" o de permuta de tipos de interés, con un importe nominal de 300.000 #, con vencimiento el 30 de septiembre de 2.011, y con liquidaciones trimestrales.
Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los contratos de permuta de tipos de interés, conocidos con las siglas "IRS" ("Interest Rate Swap") o contratos "SWAP" (en inglés "permuta" o "intercambio"), en Sentencias de 29 de octubre, 10 y 16 de diciembre de 2.010, y 18 de febrero, 24 de mayo, 10 de junio, 3 de noviembre de 2.011, 8 de marzo de 2.012 y 29 de noviembre de 2.013, entre otras, y ya en la primera de las citadas, que ha adquirido firmeza, y es citada en las posteriores, decíamos que « Para resolver el thema decidendi, hemos de partir del deber de información que se predica y exige en la relación de una entidad financiera y su cliente, bien para llevar a cabo cualquier tipo de inversión, bien para suscribir un negocio jurídico, como el que nos ocupa, en el que es inherente la aleatoriedad y el riesgo, como veremos. En este sentido, ya señalamos entre otras, en la sentencia de 18 de Junio de 2010, que para resolver la cuestión objeto de debate, hemos de hacerlo sobre la base de exigir la diligencia profesional específica a la entidad de inversión, con un deber de información riguroso y adaptado a las características de la operación a contratar y de la persona a quien se dirige. Así lo ha declarado la sentencia de esta, SAP Asturias de 11 enero 2006 que atañe al deber de información y diligencia de una entidad financiera en la gestión de carteras de inversión, en la que con cita de la sentencia del TS de 11 de julio de 1998 se manifiesta que: "..."La Ley de Mercado de Valores contiene una serie de normas de conducta de las Sociedades y Agencias de Valores presididas por la obligación de dar absoluta prioridad al interés del cliente (art. 79 ), lo que se traduce, entre otras, en la obligación del gestor de informar al cliente de las condiciones del mercado bursátil, especialmente cuando y no obstante la natural inseguridad en el comportamiento del mercado de valores, se prevean alteraciones en el mismo que puedan afectar considerablemente a la cartera administrada y así en el art. 255 C.Com . impone al comisionista la obligación de consultar lo no previsto y el art. 260 dispone que el comisionista comunicará frecuentemente al comitente las noticias que interesen al buen éxito de la negociación; en el ámbito del mandato regulado en el CC ., en que no existen preceptos de idéntico contenido a los del Código de Comercio citados, tal deber de información en el sentido expuesto viene exigido por la prohibición de extralimitación en las facultades concedidas al mandatario salvo cuando éste, ante un cambio de las circunstancias, y a falta de instrucciones del mandante, actúa en forma más beneficiosa para éste, ante la imposibilidad de recibir instrucciones del mismo; sentencia que igualmente, con cita de la sentencia del TS de 27 de enero de 2003, declara que: "... la entidad efectúa, como labor profesional y remunerada, una gestión en interés y por cuenta de tercero, en el marco de las normas de la Ley de mercado de valores, establecidas para regular la actuación profesional de las empresas de servicios de inversión en dichos mercados, y, por ello, muy especialmente observar las "normas de conducta" (Título VII) que disciplinan su actuación, entre las que destacan, dentro del deber de diligencia, las de asegurarse que disponen de toda la información necesaria para sus clientes, manteniéndoles siempre adecuadamente informados y la de cuidar de los intereses de sus clientes, como si fueran propios, todo ello potenciado por un exquisito deber de lealtad.(...) Conforme a la calificación, dada al contrato, la entidad comisionista debe responder de los daños y perjuicios, causados a los inversores por la mala inversión, según el patrón de la culpa leve en concreto a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1.943 en relación con la diligencia exigible al "comerciante experto" ( sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1.998 ) que utilizan como pauta el cuidado del negocio ajeno como si fuera propio..." (...)(...) Los datos y consideraciones ya expuestos permiten concluir que la demandada actuó, al menos con "ligereza", esto es, sin el cuidado exigible al demandado comerciante, pues las noticias que circulaban en su entorno más directo, hacían presumible la existencia de un alto riesgo que impedía estimar la inversión de los pagarés como segura y fiable, lo que determina, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1726 del Código civil ; 255 del Código de Comercio y normas señaladas por el artículo 81 de la Ley de mercados de valores, la responsabilidad civil de la demandada, por los daños y perjuicios causados.....
"; doctrina que reproduce la sentencia de 30 de abril de 2010, en la que se trataba de la inversión de unos productos financieros que representaba un situación de riesgo para el inversor y reproducimos en el caso enjuiciado, aunque la operación sea diversa, porque en aquella, también se postulaba la nulidad del negocio por vicio del consentimiento, producido por error del accionante, al igual que en el supuesto de autos, en el que nos hallamos ante de la suscripción de un contrato de gestión de riesgos financieros que genera un alto riesgo, como el presente; deber de información que aún en la fase precontractual exigía la legislación vigente al perfeccionarse el contrato ( artículo 79 LMV y RD 629/93 ) ». Decíamos también en dicha Sentencia que « Sobre este tipo de contratos se ha pronunciado la sentencia de esta Audiencia de 27 enero de 2010 que declara: "Es un contrato atípico, pero lícito al amparo del art. 1.255 C.C . y 50 del C. Comercio, importado del sistema jurídico anglosajón, caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, es decir generador de recíprocas obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de prestaciones...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
SAP Álava 81/2014, 27 de Marzo de 2014
...Barcelona, Secc. 14ª, 29 noviembre 2013, rec. 745/2012, SAP Barcelona, Secc. 16ª, 27 febrero 2014, rec. 634/2013, y SAP Asturias, Secc. 7ª, 11 marzo 2014, rec. 344/2013, entre otras Respecto a la condición de perito mercantil del administrador de las sociedades, Don. Jose Pedro, no justific......