SAP Las Palmas 148/2008, 30 de Junio de 2008
| Ponente | SECUNDINO ALEMAN ALMEIDA |
| ECLI | ES:APGC:2008:2431 |
| Número de Recurso | 143/2008 |
| Número de Resolución | 148/2008 |
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 1ª |
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de junio de dos mil ocho
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Secundino Alemán Almeida, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas nº 39/2008, Rollo nº 143/2008, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, en virtud de recurso de apelación interpuesto por D. Roberto , defendido por el Letrado D. Javier Valentín Peñate, contra la sentencia dictada por dicho Juzgado en fecha 2 de abril de 2008, siendo parte apelada el Ministerio Fiscal.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, así la declaración de hechos probados.
Por la Magistrada/Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de San Bartolomé de Tirajana se dictó Sentencia, en los referidos autos, con fecha 2 de abril de 2008 , cuya parte dispositiva literalmente dice "Debo condenar y condeno a Roberto como autor responsable de la comisión de una falta ya definida, a la pena de veinte días de multa con una cuota diaria de seis euros; en total CIENTO VEINTE EUROS (120) que en caso de impago o insolvencia dará lugar a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas. Con imposición de costas.
Roberto deberá indemnizar a María como responsabilidad civil en la cantidad de 450 euros como consecuencia de las lesiones sufridas .".
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del acusado-condenado, con las alegaciones que constan en el escrito de formalización, que fue admitido en ambos efectos, y del mismo se dio traslado al Fiscal y demás partes personadas quiénes impugnaron el mismo.
Remitidos los autos a esta Audiencia en fecha 9 de junio de 2008 , a cuya presente sección se turnó en reparto en fecha 17 de dicho mes, no estimándose necesaria la celebración de vista quedaron los mismos pendientes para sentencia.
Impugna el apelante la sentencia de instancia por varios motivos: infracción del art. 631 del CP , vulneración del principio de presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, así como falta de relación de causalidad entre las lesiones y el hecho denunciado.
Al combatirse tanto la base fáctica de la sentencia (los hechos probados), como la subsunción jurídica de los mismos en la falta apreciada, parece razonable, a efectos sistemáticos, examinar la primera de tales cuestiones, que se enlaza con los motivos segundo y tercero de la apelación, ya que al negarse la relación de causalidad entre el comportamiento del perro del acusado y la lesión efectivamente causada a la denunciante, en realidad se está combatiendo el razonamiento de la Juez a quo respecto a la existencia deese nexo causal.
En tal sentido, ante todo debe indicarse que la segunda instancia penal se ha pretendido configurar como un nuevo juicio respecto del celebrado en la primera, de modo que el órgano ad quem se encuentre, en relación con las pruebas practicadas, en la misma posición y con iguales facultades que el órgano a quo.
Ello no plantea especiales dificultades a la hora de examinar los supuestos de quebrantamiento de normas o garantías procesales que hayan causado efectiva indefensión, y a la infracción de las normas legales aplicables al caso, ya que en ambos casos nos encontramos con motivos de carácter estrictamente jurídico, sea respecto a la corrección del modo de obtención de las pruebas y su incorporación al plenario, a la estricta observancia del derecho de defensa en todas sus manifestaciones (asistencia letrada, previo conocimiento de la acusación formulada, igualdad de armas, contradicción, ...), o a la subsunción de los hechos declarados probados en determinado tipo penal, incluyendo la posible apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y el razonamiento que el órgano de instancia haya dado para individualizar la pena.
Y decimos que no plantean dificultades, porque lo que en tales supuestos se pide del Tribunal de apelación es un análisis de las normas legales aplicables al caso, con el límite infranqueable de la reformatio in peius, de la corrección formal y material del procedimiento, y de las garantías y derechos fundamentales en juego. En consecuencia, hasta este instante, la función del órgano de apelación no afecta a la base fáctica de la sentencia de instancia, esto es, al proceso reflexivo seguido por el Juez a quo para considerar la certeza o falsedad de los hechos sometidos a enjuiciamiento.
Justamente la problemática surge, cuando lo que se pretende discutir por la vía de este recurso es la corrección de ese proceso reflexivo que ha seguido el órgano a quo en relación a los hechos probados, esto es, el tercero de los motivos de apelación previsto en el art. 790.2 de la LECRIM (aplicable a los juicios de faltas por la remisión del art. 976.2 ) relativo al error en la valoración de las pruebas, en cuanto la plena vigencia en el juicio oral de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, determinan que la apreciación que el juzgador de instancia haga de las pruebas practicadas en el plenario gocen de un especial privilegio que no ostenta el órgano ad quem, del que se pretende que valore unas declaraciones que no ha presenciado.
Ciertamente (y debe ponerse de relieve) que la conclusión a la que llega el Tribunal de Instancia se ha de sustentar en la libre apreciación en conciencia que haga del conjunto de la prueba practicada, sin que exista ninguna norma legal que dé mayor o menor importancia a determinadas pruebas sobre otras, pero la importancia del proceso penal en cuanto se valoran esencialmente hechos o acontecimientos de la vida humana, que el legislador ha considerado merecedores del mayor de los reproches posibles mediante la sanción punitiva, determinan que las pruebas de carácter personal, esto es, la declaración de acusados y testigos, adquieran una trascendencia fundamental, en cuanto lo que se pretende a través del plenario es situar al juzgador, esencialmente imparcial y objetivo debido a la alta función constitucional que desarrolla, justamente en el instante en que se produjeron los hechos sujetos a enjuiciamiento.
No obstante, debe reconocerse que se trata de una traslación ficticia, en cuanto debe situarse en ese instante en función de lo vivido por quiénes ante él declaran mediante el relato de lo acontecido. De ahí la dificultad de la labor juzgadora, en cuanto la conclusión a la que llegue sobre la realidad o falsedad de tales hechos deberá sustentarse necesariamente en la credibilidad que le ofrezcan los relatos expuestos en el acto del plenario, y para ello resulta esencial la inmediación del Tribunal, quién podrá advertir a través del examen de una serie de datos relativos a la seguridad expositiva, la coherencia de lo contado en relación a relatos anteriores ante funcionarios policiales y/o judiciales, la contundencia de sus manifestaciones, los gestos, la mirada, las reacciones que generan en otros testigos y/o acusados las manifestaciones efectuadas por quién declara, o la coincidencia de relatos entre distintas personas sin intereses comunes aparentes, qué testimonio resulta veraz y cuál no, pudiendo servirse en dicha labor del resultado de otras pruebas como la pericial y/o la documental, bien entendido que en todo caso dichas pruebas han de ser lícitas y de entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
De lo anterior se colige que la segunda instancia no puede ser un nuevo juicio, en cuanto al practicarse ya toda la prueba en unidad de acto, con contradicción, sometiendo a acusados y testigos al interrogatorio de todas las partes que efectúan una valoración ante el Tribunal de la prueba...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
SAP Las Palmas 157/2014, 18 de Septiembre de 2014
...mal -o que los dejare sueltos, en fórmula disyuntiva así prevista legalmente." En relación con este aspecto, en la también SAP de Las Palmas 148/2008, de 30 de junio, señalamos que "la sentencia de instancia no indica en los hechos declarados probados ninguna circunstancia fáctica que permi......
-
SAP Las Palmas 189/2014, 1 de Octubre de 2014
...mal -o que los dejare sueltos, en fórmula disyuntiva así prevista legalmente." En relación con este aspecto, en la también SAP de Las Palmas 148/2008, de 30 de junio, señalamos que "la sentencia de instancia no indica en los hechos declarados probados ninguna circunstancia fáctica que permi......