SAP Madrid 107/2011, 15 de Marzo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 107/2011 |
| Fecha | 15 Marzo 2011 |
ROLLO Nº 17/11-RJ
JUICIO DE FALTAS 963/10
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE ALCALÁ DE HENARES
SENTENCIA Nº 107/11
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN 17ª
En Madrid, a 15 de marzo de 2011.
El Ilmo. Sr. D. Carlos Águeda Holgueras, Magistrado de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de reparto, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, ha visto en segunda instancia la presente apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares, conforme al procedimiento establecido en el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con causa en el recurso de apelación interpuesto por Alejandro .
El Juzgado de Instrucción 3 de Alcalá de Henares dictó sentencia con fecha 21 de septiembre de 2010, cuyo Fallo dice: "Que debo condenar y condeno a D. Alejandro como autor de una falta de amenazas a la pena de 15 días de multa con una cuota diaria de 8 euros estableciéndose una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas.
Que debo absolver y absuelvo a D. Alejandro de responsabilidad penal por los hechos denunciados relativos al maltrato".
Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación Alejandro, formulando por escrito sus motivos de impugnación. Del recurso se dio traslado a las demás partes que contestaron por escrito, que fue unido al procedimiento.
Remitidos los autos a la Sección Diecisiete de la Audiencia Provincial, fue incoado el correspondiente rollo por diligencia de fecha 26 de enero de 2011, y quedaron los autos vistos para resolución.
HECHOS PROBADOS
SE ACEPTAN los que constan relatados en la sentencia recurrida.
Se recurre la Sentencia dictada en el Juicio de Faltas aduciendo el recurrente que dispondría de un sueldo mensual de 800 euros netos, con lo que tendría que hacer frente a una vivienda en alquiler por la que pagaría 750 euros mensuales, por lo que considera excesivo pagar 15 días con cuota diaria de 8 euros, ya que su situación económica no se lo permitiría.
El Ministerio Fiscal impugna el recurso interpuesto.
Esta Audiencia Provincial ha señalado que el recurso de apelación constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y posibilita el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia (artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), lo que en principio no revestiría especial problemática respecto de la aplicación del Derecho llevada a cabo en la primera instancia -en orden a la subsunción de los hechos objeto del proceso en las normas jurídicas tanto el Juez a quo como el Tribunal ad quem se hallan en una similar posición institucional-, no cabe, por el contrario, efectuar igual afirmación en lo que respecta a la revisión en vía de apelación de la apreciación probatoria efectuada en primera instancia. La razón estriba en la más que asentada doctrina jurisprudencial -de reproducción ociosa por ser sobradamente conocida-, según la cual cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico (artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron. Y ello, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, todo lo cual, sin duda alguna tiene una trascendencia fundamental en lo que afecta a la prueba testifical (modo de narrar los hechos, expresión, comportamiento, dudas, rectificaciones, vacilaciones, seguridad, coherencia etc.) y a la del examen del acusado, y no tanto respecto de la valoración del contenido de documentos o informes periciales, pues en principio nada obstaría una nueva valoración de los mismos en la segunda instancia. De las ventajas antes aludidas y derivadas de los principios enunciados carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas (facultad plenamente compatible con los principios de presunción de inocencia y tutela judicial efectiva) siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( ...
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