Sentencia nº 93/2015 de AP Castellón, Sección 2ª, 1 de Abril de 2015

Ponente:HORACIO BADENES PUENTES
Número de Recurso:101/2015
Procedimiento:PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Número de Resolución:93/2015
Fecha de Resolución: 1 de Abril de 2015
Emisor:Audiencia Provincial - Castellón, Sección 2ª
RESUMEN

DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA. De la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualizació... (ver resumen completo)

 
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLON

SECCION SEGUNDA

Rollo de Apelación Penal nº 101/2015.

Juicio Oral nº 580/2015 del

Juzgado de lo Penal nº 4 de Castellón.

SENTENCIA Nº 093 /2015

Ilmos. Sres.

Presidenta.

Dña. Eloisa Gómez Santana.

Magistrados

D. Horacio Badenes Puentes.

D. Pedro Javier Altares Medina.

------------------------------------------------------- En Castellón de la Plana a uno de abril de dos mil quince.

La Sección Segunda la Audiencia Provincial de Castellón, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen, ha visto y examinado el Rollo de Apelación Penal nº 1/2015, incoado en virtud del recurso interpuesto contra la Sentencia número 405/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Castellón, en los autos de Juicio Oral nº 580/2013, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 98/2013 del Juzgado de Instrucción número dos de Castellón.

Han intervenido en el recurso, como Apelante, Adelina, representada por el Procurador D. Jesús Rivera Huidobro y defendido por el Letrado D. Miguel Benet Sánchez -recurso al que se ha adherido el Ministerio Fiscal-, y como Apelado, Romualdo, representado por la Procuradora Dña. Elia Monfort Peña, y defendido por la Letrada Dña. Alicia Amorós Bellmunt, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Horacio Badenes Puentes, que expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La sentencia objeto de recurso declaró probados los hechos siguientes: "QUEDA PROBADO Y ASÍ SE DECLARA que el acusado, Romualdo, mayor de edad, tuvo una relación sentimental con Adelina, teniendo una hija común, Carlota, nacida el año 1998, y rompieron su relación el año 2002, acordando convenio regulador, que fue ratificado por sentencia nº 665/2010, de 9-11-2010, dictada por el juzgado de 1ª instancia nº 7 de Castellón, que regula relaciones paterno filiales, de manera que quedó obligado Romualdo a satisfacer pensión alimenticia mensual, a favor de la hija menor, Carlota, de 180 # mensuales, a actualizar cada año con IPC y mitad de gastos extraordinarios. Que al tener pendientes las mensualidades nacidas desde noviembre de 2010, Adelina denunció a Romualdo el año 2011, instruyendose el procedimiento abreviado 80/2011 por el juzgado de instrucción nº 1 de Castellón, y recayendo sentencia nº 462/2012, de 17-10-2012 del Juzgado penal nº 3 de Castellón, como autor de un delito de abandono de familia, del art. 227 CP, por impago de las pensiones recaídas desde noviembre de 2010 hasta octubre de 2012, a 9 meses de multa, con cuota diaria de 8 euros, y a satisfacer una indemnización a Adelina de 2.120 # por pensiones adeudadas.

Que desde noviembre de 2012 hasta la actualidad no ha satisfecho nada el acusado a Adelina, si bien sólo cobra un subsidio mensual de 426 #, cantidad de la que el juzgado penal 3 de Castellón ordena se deduzcan 127 # cada mes, ello desde inicios del año 2013, para cobrar la responsabilidad civil y la multa antes expuestas, por lo que no tuvo capacidad económica suficiente para hacer frente a su obligación."

SEGUNDO

El fallo de la sentencia de instancia dice: "Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a Romualdo del delito de Impago de pensiones, previsto en el art. 227 CP, que se le imputaba, declarando de oficio las costas procesales.".

TERCERO

Publicada y notificada la Sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por el Procurador D. Jesús Rivera Huidobro, en nombre y representación de Adelina, y en base a las alegaciones que realizaba, terminó suplicando se condene a Romualdo como autor de un delito de abandono de familia por impago de pensión a la pena de doce meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y que indemnice a Dña. Adelina en la cantidad de 4,483, 62 euros, más 128,39 euros, e intereses del artículo 576 de la Lec, y con abono de las costas procesales, y con solicitud de práctica de prueba en la segunda instancia.

Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por providencia de fecha 25 de noviembre de 2014, se dio traslado del mismo al resto de partes.

Por la Procuradora Dña. Elia Monfort Peña, en nombre de Romualdo, se opuso al recurso presentado, y en base a las alegaciones realizadas, terminó suplicando se desestime el recurso, se confirme la absolución y se impongan las costas a la parte recurrente, y no se admita la prueba propuesta.

Por el Ministerio Fiscal se adhirió en parte al recurso presentado.

CUARTO

Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial de Castellón el día 20 de febrero de 2015, se turnaron a la Sección Segunda. Y por auto de fecha 13 de marzo de 2015 se acordó: "Se admite la prueba documental solicitada por la apelante, consistente en: - La aportada en el escrito de apelación, y que dimana de la Ejecución Penal 620/2.012-L, seguida en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón. - Y la solicitada y consistente oficiar al Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón, en los términos que obran en el Antecedente de Hecho Primero esta resolución.

Se señala para la CELEBRACION DE LA VISTA DEL PRESENTE ROLLO, el próximo día 16 DE MARZO DE 2015 a las 12,00 horas, para cuyo acto quedará citado el acusado D. Romualdo, a través de su representación procesal, a la notificación de la presente resolución, para asistir al acto de la vista."

No habiendo sito citado el acusado, se suspendió la vista del día 16 de marzo de 2015 y se señaló nuevo día para el 30 de marzo de 2015, en el que comparecieron las partes, pero no el acusado, informando los Letrados y el Ministerio Fiscal y todo ello con el contenido que es de ver en la grabación realizada, quedando las actuaciones seguidamente para deliberación y votación.

QUINTO

En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS.

Se aceptan en parte los de la resolución recurrida, que serán sustituidos por los siguientes:

Queda probado y así se declara, que Romualdo, mayor de edad, tuvo una relación sentimental con Adelina, teniendo una hija común, Carlota, nacida el año 1998, y rompieron su relación el año 2002, firmando un convenio regulador, que fue ratificado por Sentencia nº 665/2010, de 9-11-2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Castellón, que regula relaciones paterno filiales, de manera que quedó obligado Romualdo a satisfacer una pensión alimenticia mensual, a favor de la hija menor, Carlota, de 180 # mensuales, a actualizar cada año con IPC, y mitad de gastos extraordinarios.

Que al tener pendientes las mensualidades devengadas desde noviembre de 2010, Adelina denunció a Romualdo el año 2011, instruyéndose el Procedimiento Penal Abreviado número 80/2011 por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón, y recayendo Sentencia nº 462/2012, de 17-10-2012 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón, en la que se le condenó como autor de un delito de abandono de familia, del art. 227 CP, por impago de las pensiones recaídas desde noviembre de 2010 hasta octubre de 2012, a la pena de 9 meses de multa, con cuota diaria de 8 euros, y a satisfacer una indemnización a Adelina de 2.120 # por las pensiones adeudadas.

Que desde noviembre de 2012 hasta la actualidad Romualdo, no ha satisfecho nada a Adelina, cobrando un subsidio mensual de 426 #, cantidad de la que el Juzgado de lo Penal número tres de Castellón, ordenó se dedujeran 127 # cada mes, y ello desde el 10 de junio de 2013, siendo por lo tanto, que desde noviembre de 2012 a mayo de 2013 tenía capacidad económica para hacer frente a su obligación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La sentencia recurrida absuelve a Romualdo de un delito de Impago de pensiones, previsto en el art. 227 CP, que se le imputaba, declarando de oficio las costas procesales.

Esta Sala, a la vista de lo practicado en la instancia y del resultado de la prueba documental practicada en esta segunda instancia, no comparte los argumentos del Juzgador de Instancia en cuanto que entiende que el acusado, si pudo haber pagado la pensión por alimentos de la que era deudor, al menos desde noviembre de 2012 al mes de mayo de 2013.

Por el Juzgador de Instancia se ha dicho en su resolución: "1º. Relato del acusado. Pareció sincero, y reconoció una condena por impago. Admitió su obligación y dijo que no pagó a la Sra. Adelina la pensión correspondiente a su hija desde noviembre de 2012 hasta hoy por no poder. Dijo que cobra desde fin de 2012 sólo 426 # pero un juzgado penal de Castellón le quita cada mes ciento y pico euros de su cuenta, por una multa, al ser condenado por impago de pensiones, y sólo le quedan unos 200 # para comer, y nada puede pagar. Preguntado si cobró el año 2012 de la mutua y de la empresa DOVA SERVEIS ALIMENTACIO, pues al f. 76 consta que cobró de unos 4000 euros de cada sitio, dijo que no recuerda lo cobrado ese año, pero le retuvieron gran parte, y pagó unos 2400 # a la Sra. Adelina, el año 2012 no pagando luego, el 2013, por quedar desempleado a final de 2012 y no tener dinero. Preguntó el letrado de la acusación si dejó de pagar noviembre y diciembre de 2012 y dijo que no recuerda, pues cree haber pagado todo el año 2012. Ha tenido embargos por un juzgado civil y lleva dos años por una condena penal por impago, lo que le impide pagar. De noviembre de 2012 hasta la actualidad sólo cobra 426 # de los que le retienen 127 #, por un juzgado penal de Castellón cuyo número no recuerda. No cobra nada más.

  1. - Testifical. Prestó testimonio la ex pareja del acusado, Adelina, que pareció sincera, recordando que desde noviembre de 2012 el Sr. Romualdo no le paga nada de la pensión alimenticia de su hija. Preguntada si sabe si él trabaja dijo que cree que cobra sólo una pensión por desempleo. Dijo haberlo denunciado antes por no pagar la pensión y sabe que el juzgado penal 3 de Castellón condenó a Romualdo a que le indemnizara con unos 2000 euros, por pensiones adeudadas, y además le impusieron una multa. Admitió al letrado defensor que ese juzgado penal embargó a Romualdo bienes y cuentas, para cobrar su indemnización y la multa, y que el juzgado le va pagando a ella poco a poco, cree que desde marzo de 2013.

  2. - Documental. Consta unida a la causa testimonio de la sentencia del juzgado penal nº 3 de Castellón, nº 462/2012, de 17-10-2012, que condenó al Sr. Romualdo, como autor de un delito de abandono de familia, por impago, a 9 meses de multa, con cuota diaria de 8 euros, y fijó una indemnización a favor de Adelina

    , de 2120 # por pensiones adeudadas (f.48). También se unió testimonio de la sentencia nº 665/2010, de 9-11-2010, dictada por el juzgado de 1ª instancia nº 7 de Castellón, que regula relaciones paterno filiales, que ratifica convenio regulador y fija pensión alimenticia mensual, a favor de la hija menor, Carlota, de 30.000 pts, y mitad de gastos extraordinarios. Estas dos circunstancias, la obligación de pago y la existencia de una condena por impago de la pensión, no la niegan las partes. Pero la capacidad económica suficiente no se sustenta en documental alguna, dado que al f. 76 se certifica por agencia tributaria ingresos el año 2012, tanto de una empresa (de DOVA SERVEIS) como de una mutua (MUTUA UNIVERSAL) y del servicio público de empleo. Ello corrobora la tesis de que pagó el año 2012 mientras pudo, siendo cierto que quedó desempleado a final de año, cobrando a partir de noviembre de 2012 sólo 426 #, cantidad de la que se empezó a deducir si no ese mes alguno inmediato, la cantidad de ciento y pico euros, pues consta a la causa documentación que acredita que se le resta de su cuenta el dinero que el juzgado penal le va reteniendo. Aparte de ese ingreso, cuota de desempleo, no consta otro ingreso desde noviembre de 2012, fecha en que se acusa por los impagos, y no aportó datos la denunciante, su letrado o el Fiscal que nos hagan pensar que el acusado tenía medios económicos para hacer frente a sus obligaciones.

  3. - Valoración conjunta. No hay prueba de cargo de que el acusado tenga capacidad económica para hacer frente a su obligación de pago. Fue ya condenado por impagos, en años en que trabajaba, y tenía solvencia, y al adquirir firmeza la sentencia y ejecutarse, no pudo cumplir con la obligación de pago, y no cumplió la sentencia penal condenatoria, que se ejecuta con retenciones en su cuenta, en la que sólo ingresa 426 # cada mes. La escasa documental y ese indicio nos mueve a creer que no tiene capacidad, pues el impago de la responsabilidad civil impuesta por una sentencia previa puede conducirle a prisión, y a pesar de ello no pagó nada.

    En suma, no cabe condenar sin que queden probados en la vista los elementos del tipo, y en este caso, acreditado que objetivamente hubo falta de pago, varios meses, lo que reconoce el acusado, no se ha probado en la vista oral la intención de impago, pues para ello debe como base, mostrarse la solvencia del acusado y es que sin ésta sólo hay imposibilidad y no se colma el elemento culpabilístico. No tenía suficiente dinero, y cree este juzgador que ello elimina el dolo necesario en esta infracción, atendiendo al principio de intervención mínima del derecho penal y al principio básico de nuestro sistema jurídico, de que nadie puede ir a prisión por deudas. Gana desde finales de 2012 sólo 426 #, lo mínimo para refugiarse y alimentarse, deduciendo un juzgado penal de su subsidio cierta cantidad para cobrar la responsabilidad civil derivada de un impago anterior y también una multa. La base de esta infracción es que el acusado, pudiendo pagar la pensión alimenticia, deje de hacerlo, con intención de no acatar una resolución judicial. Alberga dudas el juzgador que van mas allá de lo razonable acerca de la existencia de dolo en la conducta del acusado en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones familiares lo cual nos lleva al Principio "in dubio pro reo" como principio auxiliar que se ofrece al Juzgador a la hora de valorar el material probatorio en el sentido de que si su resultado no es bastante para formar convicción en orden a la condena el «dubium» ha de decantarse en favor del reo ( SSTS 14 Dic. 1987 y 17 Dic. 1990 ), con pronunciamiento de sentencia absolutoria. Condenar en vía penal por un mero impago, aunque sea prolongado en el tiempo, sería admitir una "prisión por deudas" que impide la Constitución.

    No supone ello que no tenga razón la acusación pública y particular, y pudiera estar capacitado el acusado para pagar, sino que no ha quedado este juzgador convencido de tal solvencia fuera de toda duda de ello, pues explicó en la vista sus dificultades económicas y no se acredita de lo actuado una fuente de ingresos distinta al mínimo subsidio antes descrito, del que se le deduce cada mes una buena parte por un juzgado penal. Antes que condenar a un inocente, lo que sucedería si se condena a quien no pagó porque no pudo, debe optarse por absolver al acusado.".

SEGUNDO

Como ya establecimos en el auto de fecha diez de enero de dos mil trece, dictado en el Rollo de Apelación Penal nº 824/2012: "Primero. El recurso debe ser estimado por lo que seguidamente se dirá. Para su resolución conviene traer a colación, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 16ª, S 3-9-2009, nº 531/2009, rec. 267/2009 : "Efectivamente y frente a las alegaciones expuestas por el recurrente, cabe recordar que es criterio generalizado de las Audiencias Provinciales que el delito de impago de prestaciones económicas impuestas judicialmente en casos de separación, divorcio o nulidad, introducido en el Código Penal de 1.973, a través del art. 487 bis, como una modalidad más dentro de los delitos de abandono de familia, (y así se ha mantenido en el Código Penal vigente), se configuraba y continua configurándose en el actual Código Penal, como un delito puro de omisión cuyo tipo objetivo integra los siguientes elementos esenciales, que debemos estimar concurrentes en los hechos que se declaran probados:

A) En primer lugar, la existencia de una resolución judicial firme, en un supuesto de separación, divorcio o nulidad, que establezca una prestación económica a favor de un cónyuge o de los hijos del matrimonio. El tipo penal no exige una situación de necesidad en el sujeto acreedor a la prestación, dando cabida tanto a las pensiones de alimentos como a las meramente indemnizatorias, de la misma manera que el bien jurídico protegido no se limita a la seguridad personal de los miembros más económicamente débiles de la familia, a diferencia de los restantes tipos de abandono, sino que incluye el interés del Estado en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto al principio de autoridad, en consonancia con el delito de desobediencia del art. 237 del Código Penal de 1.973, ( art. 556 del Código Penal vigente). B) Una conducta omisiva consistente en el i mpago reiterado de dicha prestación económica, durante los plazos que marca el precepto legal. No ofrece duda que nos encontrábamos y nos encontramos ante un delito de mera actividad y no de resultado, que se consumaba y se consuma formalmente por el simple incumplimiento de la obligación, sin exigir que se produjera una efectiva situación de necesidad o falta de medios para el sustento en el beneficiario de la prestación como consecuencia de la conducta típica, con lesión o puesta en peligro real de la seguridad de la víctima.

TERCERO

Es cierto también, como señala la STS 4 abril 1990, entre otras muchas, que "la obligada interpretación de las normas legales de conformidad con la realidad social del tiempo que han de ser aplicadas y la existencia -dentro del campo civil- de unos cauces adecuados para que los interesados puedan resolver -en la medida en que ello es humanamente posible los problemas derivados de las situaciones de crisis matrimonial, imponen, como lógica consecuencia una aplicación restrictiva o estricta de las normas penales correspondientes, de modo particular del delito de abandono de familia ( arts. 3.1 CC, 73 y ss. CC y SS. 7 marzo y 30 mayo 1988 ). En la dirección apuntada, si bien es cierto que el art. 487 bis del Código Penal de 1.973, incorporado por Ley Orgánica 3/1989, de 21 junio, establecía, como tipo delictivo, incardinado en el Abandono de Familia, sin explicar la necesaria concurrencia de elemento subjetivo alguno, el que concurre cuando el obligado «...dejare de pagar durante tres meses consecutivos o seis meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicial aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio o declaración de nulidad de matrimonio...», es preciso que, en su nacimiento c oncurra una voluntad dolosa o ánimo específico dirigido a incumplir aquellos deberes asistenciales mínimos impuestos en resolución judicial o convenio libremente consentido, lo que hace a esta figura delictiva de difícil o imposible diferenciación con la que el propio Código tipificaba en su art. 487 ambas incardinables en el mismo Capítulo (Del abandono de Familia y Niños) y protectoras del mismo bien jurídico (el amparo de los miembros económicamente más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de deberes asistenciales por el obligado a presentarlos (Exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 junio), lo que exigirá haya de constatarse en la causa no solamente el hecho objetivo de impago de las prestaciones económicas por el tiempo o durante el plazo marcado en el art. 487 bis del Código Penal de 1.973, sino especialmente que ello se debió a causa imputable -dolo o culpa-, del obligado a prestarlos, aun cuando esta pudiera presumirse en atención a la concreta situación económica por éste disfrutada. Abunda en esta misma política criminal, el art. 227 del nuevo Código Penal (Ley Orgánica 10/1995 ), que castiga con pena de arresto de ocho a veinte fines de semana, al que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos. De modo que la «ratio legis» del precepto transcrito, incluido en el nuevo Código Penal, es el «endurecimiento» de tales comportamientos. Por lo demás el delito comentado, pasa a tener naturaleza de delito semi-privado, exigiendo, por mandato del art. 228, denuncia previa a la persona agraviada por el delito o de su representante legal, con posibilidad de denunciar el Ministerio Fiscal cuando aquélla sea un menor de edad, incapaz o una persona desvalida".

Ahora bien, de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión.

En definitiva, es al propio acusado y no a las partes acusadoras a las que corresponde probar la insuficiente capacidad económica del obligado a satisfacer pensiones económicas con fines exculpatorios, por lo que la queja vertida por el recurrente en orden a la incorrecta valoración de la prueba realizada por el Juez de instancia sobre su incapacidad económica para hacer frente a sus obligaciones alimenticias judicialmente establecidas debe partir de esta distribución de la carga probatoria, y sobre ella le corresponde la cumplida demostración de su imposibilidad económica para hacer frente a las mismas.

En este sentido, señala la sentencia de la AP Madrid, sec. 6ª, S 4-10-2006 EDJ2006/379703, con remisión a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de noviembre de 1997 EDJ1997/17037 que en el delito previsto y penado en el art. 487 bis del Código Penal de 1973, y art. 227.1 del Código Penal de 1995, a las acusaciones, pública y privada, les corresponde acreditar que efectivamente existe una resolución judicial que fija una prestación económica a favor de cónyuge o hijos, así como el impago de dichas prestaciones; recayendo sobre el denunciado la carga de demostrar que se vio imposibilitado de hacer frente a las mismas, sin que sea discutible la cuantificación del montante de las prestaciones, al ser competencia exclusiva del juez civil.

CUARTO

Pues bien, analizando el supuesto de autos a la luz de anterior doctrina, de lo actuado resulta acreditado sin ningún genero de dudas, tal y como concluye la sentencia impugnada, que el acusado no satisfizo la pensión por alimentos en favor de su hija menor en los periodos que se consignan en el apartado de hechos probados de la misma, y ello pese a contar con ingresos suficientes para hacerla efectiva, conforme se desprende del bagaje probatorio obtenido durante la celebración del juicio oral. Así el acusado reconoce no haber abonado las citadas cantidades. Excepciona sin embargo que no ha podido hacer frente a su pago al haber tenido que saldar otras deudas y haber variado sus ingresos. Pues bien, debe ponerse manifiesto que los incumplimientos por los que ha sido condenado se producen entre septiembre de dos mil seis y marzo de dos mil ocho y no es hasta diciembre de dos mil ocho cuando formula demanda de modificación de medidas. Además, la deuda que mantiene con el Banco de Valencia se originó en enero de dos mil cinco y la demanda ejecutiva se dedujo por el Banco de Valencia en junio de dos mil siete, esto es, un año después de que dejara de pagar la pensión fijada a favor de su hija menor. Igualmente, en la hoja de vida laboral obrante al folio 40 de las actuaciones consta que el acusado ha trabajado como autónomo desde el 01.05.03 hasta el 31.01.07 y por cuenta ajena desde 12.03.07. Sin embargo únicamente ha aportado una nómina relativa al mes de abril de dos mil nueve, no aportando ni una sola nómina relativa a los meses en que se ha producido el impago de las pensiones, por lo que no ha acreditado sus ingresos durante el periodo de impago y, a partir de ahí, la imposibilidad de hacer frente al pago de la pensión".

De igual forma, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 29ª, S 29-1-2009, nº 9/2009, rec. 9/2009 . dice: "El delito de abandono de familia, definido en el citado artículo 227 del Código Penal es un delito de omisión, cuya situación típica se configura por la falta de cumplimiento de una obligación, consistente en cualquier tipo de prestación económica a favor del cónyuge o sus hijos, establecida en convenio o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos en favor de los hijos, y la constatación de la capacidad de realización, compitiendo a la parte acusadora la demostración del título de la deuda y de la situación de impago y trasladándose al acusado la probanza de la concurrencia de cualquier causa de justificación que destruya su culpabilidad. Por tanto y como es doctrina consolidada los elementos del delito son: A) En el plano objetivo: a) la existencia de cualquier tipo de prestación económica a favor del cónyuge o de los hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de los hijos. b) y el impago total o parcial con entidad bastante de esa prestación por el obligado a cumplirla, durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos. Ello con independencia de que el beneficiario resulte o no perjudicado económicamente; y de que haya o no instado de la jurisdicción civil la adopción de medidas cautelares sobre el patrimonio del obligado para conseguir el abono de la prestación. B) En el plano subjetivo, el dolo consistente en el conocimiento por el agente de tal obligación y su voluntad deliberada de no cumplirla. Siendo naturalmente aplicables a este delito de omisión las reglas generales sobre culpabilidad y exención de responsabilidad, cuando se acredite la imposibilidad del pago de la prestación (de manera que no puede asimilarse esta figura a la anacrónica prisión por deudas). A este respecto, el Tribunal Supremo (sentencia de 3 de abril de 2001 ) tiene declarado que el delito tipificado en el artículo 227 del Código Penal EDL1995/16398 requiere como elemento constitutivo del tipo "un elemento subjetivo configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de incumplir la prestación que aquélla impone. En este requisito se integra también la posibilidad del sujeto de atender la obligación impuesta, toda vez que cuando el agente se encuentra en una situación de imposibilidad constatada de satisfacer la prestación, esta situación objetiva excluye la voluntariedad de la conducta típica y la consecuente ausencia de la culpabilidad por estar ausente el elemento de la antijuricidad, que vendría jurídicamente fundamentado en una situación objetiva de estado de necesidad o, más correctamente en la concurrencia de una causa de inexigibilidad de otra conducta distinta a la realizada por el sujeto".

Pero también ha declarado el Tribunal Supremo (sentencia de 13 de febrero de 2001 ) que "de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión".

SEGUNDO

Como hemos expuesto no se discute en este caso la obligación impuesta. Lo que se cuestiona es su incumplimiento voluntario por parte del recurrente, alegando que la denunciante ha reconocido que éste le entregó en algunas ocasiones cantidades para alimentos de los hijos y que se ha quedado sin trabajo en varios periodos de tiempo por lo que le ha sido imposible atender sus obligaciones económicas.

La denunciante siempre ha declarado que el acusado no cumplía con las obligaciones económicas fijadas en las resoluciones judiciales, reconociendo que en alguna ocasión le ha pagado alguna cantidad, si bien inferior a la fijada como alimentos y pensión compensatoria, aportando la denunciante la documentación acreditativa de esos pagos parciales, lo que demuestra su buena fe. En ningún momento la denunciante ha dicho que el acusado ha pagado todas las pensiones debidas, ni de modo voluntario ni por vía de apremio, sino que ha declarado siempre que no lo hacía, razón por la cual inició un procedimiento de ejecución civil y ha formulado la denuncia rectora de autos, que mantiene en el juicio oral. Contamos además con testimonio del procedimiento de ejecución judicial del Auto de medidas provisionales de separación por impago de las pensiones en él fijadas, en el que el acusado si bien se opuso, no acreditó pago alguno de las pensiones reclamadas. Acreditación que tampoco aportó en la instrucción de esta causa, pese a ser requerido expresamente al efecto tras manifestar al Juez de Instrucción que había pagado la totalidad de las cantidades y hacerle saber que la documentación que aportaba en esa declaración se refería a unas fechas posteriores a las de la fecha de la denuncia y a una cantidad inferior a la establecida en las resoluciones judiciales, reconociendo entonces que no pagaba esa cantidad porque no podía hacerlo, al ser sus ingresos de 1.200 # al mes. Sin embargo, el acusado no procedió a recurrir las resoluciones judiciales en las que se fijaban las pensiones mensuales, ni ha tratado de modificarlas acudiendo a un proceso civil alegando esa supuesta incapacidad sobrevenida y solicitando, en base a ello una modificación de las medidas establecidas. Imposibilidad que tampoco ha alegado en el procedimiento de ejecución civil. Tampoco en este procedimiento penal ha acreditado la concurrencia de nuevos hechos o circunstancias justificativas del impago de las pensiones, de aparición posterior al momento en que fueron judicialmente decretadas.

Todo lo cual nos lleva a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia impugnada".

Aplicando las anteriores resoluciones al supuesto que ahora se plantea en apelación, tenemos que la querellante tiene un título por el que se establece la obligación de pago de una pensión por alimentos a favor de su hijo en la cantidad de 100 euros mensuales, y a cargo de Ion * desde enero de 2009 hasta la actualidad, y que la misma ha sido impagada, abonando únicamente los meses de junio, julio, agosto y octubre de 2009. En las actuaciones constan las resoluciones judiciales por las que se acuerda dicha pensión por alimentos. Por el contrario, el imputado ha manifestado que había interrumpido la manutención porque aunque seguía comunicando con su esposa para pagarle, ella no quiso recibirla y no contestó al teléfono. Dice que desde el año 2009 no ha trabajado en ningún lugar hasta el mes de marzo de 2012 y desde entonces cobra un bruto mensual de 300 euros. Dice que está de acuerdo en pagar la cantidad de 2100 euros.

En las actuaciones consta que el imputado carece de bienes en España. Como ya se ha dicho, ha declarado el Tribunal Supremo (sentencia de 13 de febrero de 2001 ) que "de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión".

Pues bien, con todos los datos anteriores, en primer lugar, hay que decir que la resolución que se adopta por el Juzgado de Instrucción de fecha 5 de octubre de 2012 carece de la motivación suficiente para resolver el sobreseimiento de la causa, por lo que esta Sala desconoce los motivos concretos que han llevado al Sr. Instrucción al archivo de la misma. Por la Ministerio Fiscal se solicita dicho sobreseimiento, mientras que por la acusación particular se solicita la apertura de juicio oral, por lo que la resolución de sobreseimiento debía dar una respuesta razonada sobre el sobreseimiento, limitándose ésta únicamente a decir que no se había demostrado que el imputado pudiera pagar.

Como ya se dijo en nuestro anterior auto de fecha diez de septiembre de 2010 dictado en el Rollo de Apelación Penal nº 344/2010: "... En segundo lugar, de las resoluciones anteriores que se han trascrito, se desprende, que, es al propio acusado, y no a las partes acusadoras, a las que corresponde probar la insuficiente capacidad económica del obligado a satisfacer pensiones económicas con fines exculpatorios. Es a las acusaciones, pública y privada, a las corresponde acreditar que efectivamente existe una resolución judicial que fija una prestación económica a favor de cónyuge o hijos -extremo que ha sido acreditado en las actuaciones y valorado-. También se ha indicado por el denunciado que no conocía el auto que se dictó por el Juzgado de Nules y por el que se establecía dicha pensión, pero dicho extremo no ha sido acreditado en las actuaciones. También consta el impago de dichas prestaciones por la propia denuncia presentada y el propio reconocimiento del denunciado; recayendo sobre el denunciado la carga de demostrar que se vió imposibilitado de hacer frente a las mismas, sin que sea discutible la cuantificación del montante de las prestaciones, al ser competencia exclusiva del juez civil. Ciertamente, el imputado sufre una incapacidad temporal al menos desde agosto de 2005, por el que ha visto reducido sus ingresos -a unos 528, 93 euros en octubre de 2006-, y según dice la defensa, la resolución final del divorcio no establece ningún tipo de pensión. Pero de todo ello, se deduce en su caso, que existe al menos el plazo entre enero y agosto de 2005, en el que el acusado no cumplió con el pago establecido en el auto correspondiente, y nada se ha alegado ni probado respecto a la capacidad económica en aquella época, y a la imposibilidad de hacer frente a dicha cantidad. También, respecto al periodo posterior y hasta el dictado de la sentencia definitiva, tampoco nada ha sido acreditado. Ciertamente la cantidad de 528 euros, es una cantidad reducida, pero nada se dice respecto a los posibles gastos que pudiera tener el imputado. Por todo ello, y en consecuencia, no procede el archivo y sobreseimiento de la causa, y si su continuación por estar ante un posible delito de impago de pensiones alimenticias del artículo 227 del Código Penal, sin perjuicio de lo que se resuelva en su día en el juicio oral correspondiente, si llegare a abrirse el mismo, y sin prejuzgar en ningún momento la cuestión planteada ".

Por todo ello, el imputado ha realizado meras manifestaciones que no han sido en ningún momento acreditadas. Ningún documento ha aportado a las actuaciones que acredite cual es su verdadera situación económica ni los ingresos que ha obtenido. Nada dice sobre como ha estado viviendo sin haber trabajado desde 2009 hasta 2012. Dice que ahora cobra 300 euros, pero no dice ni donde ni como, ni aporta una documentación acreditativa de tal hecho. Al principio dice que intenta comunicar con su esposa, y no le coge el teléfono, y que no quiso recibir la cantidad de la manutención. Dicho extremo no es nada creíble. Debía conocer la cuenta en la que hacer el ingreso y pudo haberlo hecho, no ya durante unos meses, sino durante años, siendo además la cantidad a abonar verdaderamente mínima. Ha estado impagando de forma continua, siendo un supuesto claro de abandono de familia por impago de las cantidades debidas a su hijo. También, sino podía pagar, pudo haber iniciado un procedimiento de modificación de medidas, y nada hizo. Por todo ello, y sin necesidad de mayor argumentación, procede estimar el recurso de apelación interpuesto dejando sin efecto el auto recurrido, y debiéndose dictar otro en su lugar por el que se acuerde la continuación del procedimiento respecto al imputado.".

Como también dijimos en nuestra Sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada en el rollo de apelación penal número 684/2012 : "... Y en virtud de lo anteriormente dicho, esta Sala, valorando los hechos probados y la prueba practicada, no puede sino llegar a la misma conclusión condenatoria realizada por el Juzgador de Instancia por lo que se dirá.

El artículo 277 del cp castiga al que: "1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses."

La infracción prevista en el artículo 227 del Código Penal no se sustrae a la normativa general, requiriendo la conjunción de los elementos objetivos y subjetivos que le exige el tipo, puesto que, si bien es cierto que se consuma por el mero incumplimiento de la obligación que pesa sobre el acusado de abonar las sumas a cuyo pago fue condenado en la sentencia de separación/divorcio matrimonial, esto es, durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, no lo es menos que ha de unirse la circunstancia esencial, de carácter subjetivo, de que, pudiendo cumplir con dichas obligaciones en todo o en parte, no quiera hacerlo. Es decir, desde un punto de vista subjetivo el mencionado tipo penal requiere la intención de no pagar la prestación económica por parte del agente, la renuencia del obligado al pago.

Una vez probada la falta de pago y la imputación del hecho a una persona, recae sobre el acusado la prueba sobre las causas de exclusión de la antijuridicidad o de la culpabilidad. Es decir, deberá probar que la falta de pago es absolutamente involuntaria. La prueba de la imposibilidad de pagar las pensiones mensuales puede realizarse:

  1. bien de manera inmediata, recurriendo la resolución judicial en la que se ha fijado el importe de las pensiones mensuales a través de los recursos ordinarios (recurso de apelación),

  2. o bien mediatamente, tratando de modificar a posteriori (mediante el oportuno incidente de modificación de medidas) el montante de las expresadas pensiones periódicas por la aparición de nuevos hechos o circunstancias que no fueron tomadas en consideración al fijar su importe,

  3. o bien muy posteriormente, durante la sustanciación del proceso penal por un delito de abandono de familia por impago de pensiones, en cuyo seno cabe acreditar la concurrencia de nuevos hechos o circunstancias justificativas del impago de las pensiones, que suelen ser de aparición posterior al momento en que fueron judicialmente decretada.

(...).

Por todo lo anterior, y dado que le hecho delictivo se produce por el impago de dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de sus hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial es evidente que en el presente supuesto se ha producido el tipo penal y procede la condena del acusado en la forma en la que viene establecida por el Juzgado de lo Penal. Por parte del acusado se ha pretendido alegar que no tenía disponibilidad para el pago de las deudas, lo que no ha acreditado, realizando vagas e inconcretas alegaciones sobre un periodo de tiempo tan largo. Ante las dificultades que decía tener, en ningún momento inició un procedimiento de modificación de medidas. Se han aportado copia de nóminas y también se ha aportado copia de embargos sobre deudas que tenía, pero ello no era obstáculo para cumplir sus obligaciones de pago con sus hijos. E incluso llegó a solicitar un préstamo para pagar cierta deudas no aclaradas, pero no abonó el dinero que le debía a sus propios hijos, con lo que se cumple de todas el tipo penal de abandono de familia ya descrito.

Tampoco es relevante la alegación que se efectúa en tanto que se dice que no fue notificado de la Sentencia dictada de divorcio, cuando el propio Juzgado civil ha certificado que la misma es firme. Por todo ello, y ratificando la argumentación realizada por el Juzgado, hay que concluir que se ha practicado prueba suficiente como para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, y por ello, procede ratificar la Sentencia dictada en la Instancia."

No estamos tampoco ante un delito de naturaleza objetiva, en el que baste la mera constatación de un impago para apreciar su existencia; a ello hay que añadir el necesario elemento subjetivo, de la voluntariedad, es decir que pudiendo hacer ese pago, no se hace por una voluntad rebelde a su cumplimiento. Sin embargo, como apuntan numerosas sentencias ( STS 13-02-2001; Sección 1 ª AP Valencia 15-03-02 ; SAP Cantabria 7-12-01 y 6-05-04 ; y SAP Zaragoza 12-05-04, entre muchas otras) este requisito no puede llevarnos a entender que el beneficiado por el pronunciamiento, o que ha de percibir la pensión, haya de demostrar que el obligado tiene ese capacidad, y que la cantidad señalada es ajustada," ya que no se puede olvidar que la presente jurisdicción entra en juego tras la existencia de un procedimiento civil previo, en el cual las partes con total plenitud probatoria, y libre acceso a toda suerte de recursos, han podido sostener sus respectivas posiciones, por lo que si tras el ha quedado señalada una cierta cantidad, hemos de presumir que es ajustada a las necesidades de quien la ha de percibir, y que el obligado a prestarla se encuentra en disposición de hacerlo. Siendo a partir de este momento carga de quien lo alega, el demostrar, o al menos alegar, un cambio de circunstancias que le hayan determinado la imposibilidad de atender a ese pago, aun cuando lo sea de una manera parcial" ( Sentencia de 15 de marzo de 2002 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valencia ).

En nuestra Sentencia de 16 de junio de 2011, establecimos: "... en los casos de cumplimiento parcial del débito económico, debe rechazarse cualquier formal automatismo que convierta en acción típica todo lo que no sea un íntegro y total cumplimiento de la presentación económica. La antijurídicidad material de la conducta -y no sólo la antijuridicidad formal de su subsunción típica- exige la sustancial lesión del bien jurídico protegido. De ahí que ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relacion con lo pagado, que resulta irrelevante para integrar el delito del articulo 227.1 deI Codigo Penal . Tal cuestion habrá de determinarse en caso concreto en función de las circunstancias concurrentes, excluyendo interpretaciones que supongan la consagración de la prisión por deudas con olvido de que en definitiva se trata de una modalidad típica del "abandono" de familia. Y, en segundo lugar, de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de los medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe, permite inicialmente inferir la posibilidad de pago por el deudor, y, por lo mismo, la voluntariedad de la omisión. Ahora bien; esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida".

TERCERO

Partiendo de lo establecido en el fundamento de derecho anterior y a la vista del resultado de la prueba practicada, entendemos que existen suficientes elementos probatorios para concluir en la voluntariedad del acusado para impagar la pensión de alimentos establecida. Revisado el juicio oral, hay que también decir que no puede olvidarse que este procedimiento se inicia justamente cuando acabó el anterior procedimiento penal, según testimonio de la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón, nº 462/2012, de 17-10-2012 . En dicha Sentencia, se condenó a Romualdo como autor de un delito de abandono de familia, por impago, a la pena de 9 meses de multa, con cuota diaria de 8 euros, y se fijó una indemnización a favor de Adelina, de 2.120 # por las pensiones adeudadas (f.48). Dictada dicha Sentencia, que lo fue por conformidad, el ahora acusado, no instó ninguna modificación de medidas y dejó de nuevo pasar el tiempo sin abonar voluntariamente cantidad alguna, ni una mínima cantidad para el abono de la pensión alimenticia de su hija, desde noviembre de 2010. El Juzgador de Instancia se equivoca cuando estima que fue al principio del año 2013 cuando se inició el embargo de los bienes del acusado, como consecuencia de la responsabilidad civil existente en el anterior procedimiento, ya que como se ha acreditado ahora en la prueba practicada, dicha retención no se produjo hasta el mes de junio de 2013, por lo que al menos, el acusado pudo haber pagado todo o parte de la pensión desde noviembre de 2012 hasta mayo de 2013 -que son nada más y nada menos que siete meses, siete pensiones por alimentos-. Ciertamente la cantidad que dice cobrar el acusado es mínima o reducida, pero no estamos ante cualquier tipo de deuda, sin que es el impago de una pensión por alimentos para la hija. En la declaración que se realiza por el imputado Romualdo en fecha 10 de junio de 2013 nada se aclara sobre su verdadera situación económica, puesto que acogiéndose a su derecho a no declarar, nada dice. Según el folio número 76 de las actuaciones, en el año 2012 tuvo unos ingresos de unos 11,000 euros, lo que acredita unos ingresos sustanciales en dicho periodo. El Juzgado de lo Penal empieza a retener la cantidad de 127 euros desde junio de 2013 y lo hace hasta noviembre de 2014, hasta cubrir la cantidad de 2,120 euros, a la que se le condenaba por la Sentencia primera. Por parte del acusado se dijo en el juicio oral que pagó todo antes de la sentencia anterior, y que pagó 2,000 y pico euros. No se entiende esa alegación realizada que pagó todo, cuando la Sentencia le condenaba al pago de una responsabilidad civil de 2,120 euros, que se ha hecho efectiva con las retenciones establecidas, es decir, de forma forzosa. No se sabe nada de la multa a la que fue condenado, de nueve meses, con una cuota diaria de ocho euros, lo que hace unos 2,160 euros, y que debemos imaginar, que esa si la abonaría para evitar la responsabilidad personal subsidiaria, y es la cantidad a la que se refiere el acusado cuando dice que pagó. Sin embargo, nada de ello se ha acreditado, pero nos hace pensar que si después del juicio anterior pagó la multa, es que podía pagar también la pensión. También dijo el acusado en el acto del juicio oral que además de los 426 euros no tiene ningún otro ingreso, pero nada se conoce, ni nada ha acreditado, nada ha dicho de como vive, donde vive, con quien vive, si paga alquiler del piso, si el piso es suyo, si recibe alguna ayuda de amigos o familiares, etc, etc. En consecuencia, y por todo lo dicho, se entiende que el acusado tuvo capacidad económica para abonar la pensión por alimentos, o parte de la pensión por alimentos, y se ha mantenido en la misma forma en la que lo hizo con anterioridad, sin abonar voluntariamente nada, ni un euro a su hija. Todo lo expuesto, lleva de forma lógica a la conclusión de que el acusado no pagó las pensiones alimenticias, ni siquiera parcialmente o de forma mínima, al menos de noviembre de 2010 a mayo de 2013, porque así lo quiso, -y tampoco ha pagado nada con posterioridad-, y prefirió colocarse en la situación cómoda de alegar que no podía, en lugar de otorgar la preferencia de las obligaciones económicas que pesaban sobre él de garantizar las necesidades alimenticias de su hija, por lo que se estiman probados los elementos típicos del delito de abandono de familia del art. 227 del cp . por el que se ejercita acusación, procediendo, consiguientemente, el dictado de una sentencia condenatoria, al haber quedado desvirtuada la presunción de inocencia que ampara al acusado en la presente jurisdicción.

CUARTO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 y 28 del Código Penal, del expresado delito es responsable en concepto de autor Romualdo, al haber llevado a cabo los hechos de forma material y voluntariamente.

QUINTO

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

SEXTO

En cuanto a la pena a imponer, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 227.1º y concordantes del Código Penal, se estima oportuna la imposición al acusado de la pena de multa, en lugar de la prisión prevista y solicitada por el Ministerio Fiscal y acusación, si bien en una extensión de SEIS MESES, atendidos los meses impagados y cuantías debidas en el periodo que se considera de posibilidad económica, con una cuota diaria de cinco euros.

En cuanto a la cuota de dicha multa, fijada en 5 euros, se fundamenta en lo dispuesto en el art. 50.5º del Código Penal, habida cuenta de que aparece como proporcional al previsible reducido nivel de ingresos del acusado, fijándose en la parte más baja de la tabla.

SÉPTIMO

Tal y como se desprende del art. 116.1º del Código Penal, en relación con el art. 109 del mismo cuerpo legal, y el art. 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios, concretando el art. 227. 3 C.P . que la reparación del daño procedente del delito enjuiciado, comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas, que se entenderán hasta el momento del juicio oral en la instancia.

Y en el presente caso, procede la condena de Romualdo a que abone a Dña. Adelina, la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por el impago de la totalidad de las mensualidades comprendidas en la fecha de noviembre de 2012 al mes en el que se celebró el juicio oral en la instancia en septiembre de 2014 inclusive, con las actualizaciones correspondientes -si bien con el límite de la cantidad de 4,483,62 euros-, más la cantidad de 128, 39 euros por los gastos extraordinarios que se acompañaban con facturas de General Optica y de AD ortopedia técnica, y que están incluidos en el convenio regulador ratificado por la Sentencia del Juzgado de Familia, más los intereses del art. 576 LEC .

OCTAVO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del cp . deben imponerse al acusado las costas procesales, en cuanto que es criminalmente responsable de los hechos.

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación

F A L L A M O S

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Jesús Rivera Huidobro, en nombre y representación de Adelina, contra la Sentencia número 405/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Castellón, en los autos de Juicio Oral nº 580/2013, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 98/2013 del Juzgado de Instrucción número dos de Castellón, que la revocamos en el sentido de condenar a Romualdo, como autor penalmente responsable de un delito de abandono de familia por impago de pensiones del art. 227.1º del Código Penal, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES de MULTA con una CUOTA DIARIA DE CINCO EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 C.P ., así como al pago de las costas procesales.

Asimismo condenamos a Romualdo a que abone, en concepto de responsabilidad civil, a favor de Dña. Adelina, la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por el impago de la totalidad de las mensualidades comprendidas en la fecha de noviembre de 2012, a septiembre de 2014 ambos inclusive, con las actualizaciones del IPC correspondiente, más la cantidad de 128, 39 euros por los gastos extraordinarios, más los intereses del art. 576 LEC .

Notifíquese la presente resolución a los interesados y remítase testimonio de la misma, junto con los autos originales, al Juzgado de procedencia, para su cumplimiento.

Así, por esta Sentencia, de la que se llevara certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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