Auto nº 52/2015 de AP Castellón, Sección 2ª, 5 de Junio de 2015

Ponente:HORACIO BADENES PUENTES
Número de Recurso:84/2015
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:52/2015
Fecha de Resolución: 5 de Junio de 2015
Emisor:Audiencia Provincial - Castellón, Sección 2ª
RESUMEN

PENSIÓN COMPENSATORIA. GASTOS EXTRAORDINARIOS. El pronunciamiento sobre gastos extraordinarios aparece en la sentencia de fecha 12 de febrero de 2008 que no ha sido modificada en este extremo por resoluciones posteriores. Los que tengan un origen médico o farmacéutico y los que teniéndolo lúdico o académico hubiera sido acordada su realización por ambos progenitores o en su defecto hubiesen sido... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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AUDIENCIA PROVINCIAL CASTELLÓN

SECCIÓN SEGUNDA

CIVIL

ROLLO APELACIÓN CIVIL NÚM. 84/2015.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Vinaroz (Castellón).

PROCEDIMIENTO: Ejecución civil nº 375/2013. Oposición nº 206/2014.

LITIGANTES: Dña. Ana .

(Procuradora Dña. Mª Mercedes Marza Beltrán. Letrado D. Casto Sanz Arago.

D. Cesareo .

(Procuradora Dña. Isabel Cardona Ferragut. Letrada Dña. Marta Ferrer Domingo).

AUTO CIVIL NÚM. 052 /2015

Ilmos. Sres.:

Presidenta: Dña. Eloisa Gómez Santana.

Magistrado: D. Horacio Badenes Puentes.

Magistrado: D. Pedro Javier Altares Medina.

......................................................................................

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a cinco de junio de dos mil quince.

La SECCIÓN SEGUNDA de la Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Ilmos. Señores anotados al margen, han visto el presente rollo de apelación tramitado bajo el número 84/2015, interpuesto contra el auto número 29/2015 de fecha 12 de febrero de 2015, dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaroz, en autos de oposición a la ejecución seguidos en dicho Juzgado con el número 206/2014.

Han sido partes en el recurso, como APELANTE, Dña. Ana, representada por la Procuradora Dña. Mª Mercedes Marza Beltrán y defendida por el Letrado D. Casto Sanz Arago, y como APELADO, D. Cesareo

, representado por la Procuradora Dña. Isabel Cardona Ferragut y defendido por la Letrada Dña. Marta Ferrer Domingo, y siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Horacio Badenes Puentes, que manifiesta el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

En fecha 12 de febrero de 2015 se dictó auto por el Juzgado de Instancia en el que se acordaba: " ACUERDA: estimar la oposición planteada por la Procuradora Dña. Isabel Cardona Ferragut en nombre y representación de D. Cesareo frente a la ejecución despachada por auto de 16 de enero de 2014 a instancias de la Procuradora Dña. Mercedes Marzá Beltrán en nombre y representación de DÑA. Ana y, en consecuencia, dejar sin efecto el despacho de ejecución. Todo ello imponiendo a la parte ejecutante el pago

de las costas de este incidente de oposición a la ejecución y las de la ejecución principal.".

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la Procuradora Dña. Mª Mercedes Marza Beltrán, en nombre de Dña. Ana, y en base a las alegaciones que alegaba, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se revoque el auto de instancia en su totalidad, dictando sentencia por la que íntegramente se desestime la oposición a la demanda ejecutiva interpuesta, estimando por tanto la demanda ejecutiva presentada por Dña. Ana, con expresa condena en costas.

Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se dio traslado del mismo al resto de partes. Por la Procuradora Dña. Isabel Cardona Ferragut, en nombre de D. Cesareo, se opuso al recurso presentado, y en base a las alegaciones que también realizaba, terminó suplicando se confirme íntegramente la resolución objeto de recurso, con expresa condena en costas a la contraparte.

SEGUNDO

Remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial en fecha 4 de mayo de 2015, correspondió las actuaciones a esta Sección Segunda, donde se designó Ponente, y se señaló para deliberación y votación el día 5 de junio de 2015.

TERCERO

En la tramitación del juicio se han observado en ambas instancias las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

En fecha 21 de mayo de 2013 la Procuradora Dña. Mª Mercedes Marza Beltrán, en nombre de Dña. Ana, presentó demanda ejecutiva contra D. Cesareo en reclamación de la cantidad de

2.231, 70 euros, de principal. Según el contenido de la demanda, no se habían abonado 1.891, 88 euros en concepto de pensión compensatoria (1.241, 28 euros del año 2008 y 650, 60 euros del año 2009), más gastos extraordinarios de 214, 57 euros que correspondían a gastos escolares, 75 euros por gastos de óptica; 50, 25 euros por gastos de librería, lo que hacía un total de 339, 82 euros.

Despachada ejecución por el Juzgador por las cantidades anteriores, la representación procesal de D. Cesareo se opuso a la misma, alegando que la pensión compensatoria debía abonarse de mayo de 2006, a final de marzo de 2009, y que la misma había sido abonada. Dice también que la Sra. Ana tenía que abonar por el mismo título la mitad del crédito hipotecario que gravaba la vivienda privativa del marido. Añade que la Sra. Ana solo hizo cuatro pagos de la hipoteca, hasta octubre de 2006, y tras 16 meses sin abonar su importe hasta febrero de 2008, que lo abona el Sr,. Cesareo en dos cuentas. Dice que a día de hoy la Sra. Ana ocupa la vivienda, a pesar de tener que salir en mayo de 2013, y no paga la hipoteca. Respecto a los gastos extraordinarios, dice que no se han declarado como tales de acuerdo con lo establecido en el artículo 776, de la Lec .

SEGUNDO

Por el Juzgado de Instancia se ha determinado en su resolución lo siguiente: "... En cuanto a la pensión compensatoria ya hemos visto que ésta es exigible desde mayo de 2006 a mayo de 2009, por lo que cabría reclamar en caso de impago las mensualidades no prescritas devengadas desde abril de 2008 a mayo de 2009.

Al respecto, afirma el ejecutado que dicha pensión ha sido pagada de la siguiente forma: Ante el impago de la Sra. Ana de la mitad de las cuotas del hipotecarias de la vivienda familiar a la que venía condenada en las referidas sentencias, el Sr. Cesareo optó por realizar el ingreso en concepto de pensión compensatoria en dos cuentas distintas; uno, en la cuenta en la que son titulares ambos consortes y en la que se carga el crédito hipotecario en la que abona la mitad del importe de la cuota (que debe asumir la Sra. Ana ) y, el resto, hasta cubrir el total de la pensión compensatoria, se ingresa en la cuenta abierta por la esposa e hijos en la que también se ingresa la pensión alimenticia de ambos menores, siendo tolerada dicha forma impropia de pago de la pensión por la ejecutante desde el mes de marzo de 2008.

Por tanto, lo que plantea el ejecutado, bajo la denominación de pago impropio, es en realidad, la compensación de la cantidad reclamada en concepto de pensión compensatoria, con la mitad de las cantidades pagadas por él para atender el préstamo hipotecario, cuyo pago por mitad le corresponde a la ejecutante y que ésta no atendía desde el año 2008. Se plantea la problemática relativa a si la compensación, como forma especial de pago, es oponible en aquellos procesos de Ejecución de Título Judicial ya que el punto 1 del artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene referencia expresa a ese motivo de oposición. No se sabe con certeza si fue olvido premeditado del legislador u omisión involuntaria, susceptible de interpretación conforme a las reglas generales del "Derecho de obligaciones". Ciertamente, la llamada jurisprudencia menor es vacilante en cuanto a la interpretación extensiva o restrictiva del concepto de pago a que se refiere el precepto legal aludido, pero esta proveyente considera que la compensación es una forma de extinción de las obligaciones, estableciéndose sus requisitos en los artículos 1.195 y siguientes del mismo texto legal, siendo factible en ejecución de sentencia y aunque tengan los créditos a compensar distinta causa jurídica; en este sentido podemos citar las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1.994, 27 de junio de 1.995 y 21 de noviembre de 2.000 que nos dice que "sin que por otra parte sea precisa para la compensación la contemporaneidad de los créditos ni su extracción de la misma causa jurídica, bastando para ello que se cumplan, como en el caso presente, las previsiones de los artículos 1.195 y 1.196 y con los efectos del artículo 1.202".

Y en el supuesto de autos si bien la ejecutante niega la existencia de todo pacto con el ejecutado, habiendo sido requerida por plazo de 10 días al objeto de acreditar el pago de su mitad de la cuota hipotecaria desde mayo de 2008, no ha sido cumplimentado tal requerimiento ni, en dicho plazo ni, en el acto del juicio y, del resultado del oficio dirigido a la entidad LA CAIXA, queda acreditado que desde dicha fecha, en la cuenta 94 se carga la hipoteca de la vivienda familiar y en la cuenta 80 titularidad de ambos, se efectúan las transferencias para pagos de la pensión compensatoria (deducido el importe de la mitad de las cuotas hipotecarias) y pensión alimenticia en el importe total, por lo que queda probada la asunción por el ejecutado de la deuda total hipotecaria y el pago de la misma ingresando el resto en la cuenta 80 en concepto de pensión compensatoria hasta que finalizó la obligación de pago de la misma, por lo que cumpliéndose los requisitos de los preceptos legales mencionados al tener ambas deudas su reflejo en las Sentencias aludidas, y haber sido consentida durante años dicha compensación por la ejecutante, procede la estimación de la oposición. (en este sentido Auto de la AP Cádiz de 4 de diciembre de 2012, Auto de la AP Valencia de 9 de julio de 2012 )

Por todo lo expuesto, la oposición debe ser estimada, dejando sin efecto el despacho de ejecución.

TERCERO

La estimación de la oposición obliga a imponer a la parte ejecutante el pago de las costas causadas en este incidente de oposición y en la ejecución principal. ".

El recurso de apelación interpuesto debe ser desestimado, y la resolución debe ser confirmada por su propia argumentación.

En primer lugar y respecto a la pensión compensatoria que se reclama, ciertamente, y como se dice en la resolución de instancia, el tema de la compensación en la ejecución, no es pacífica en la doctrina. Para negar eficacia a esa posible compensación se puede decir que: ".... 1º.- Porque tratándose de ejecución de títulos judiciales, el artículo 556 de la LEC únicamente contempla como motivos de oposición de fondo el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificar documentalmente; la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público. La compensación únicamente se contempla como causa de oposición en la ejecución de títulos extrajudiciales ( artículo 557.1-2ª de la LEC ) siempre que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.

  1. - Porque reclamándose alimentos, no concurre en la ejecutante y el ejecutado la doble condición de deudores y acreedores recíprocos que exigen los artículos 1195 y 1196 de la LEC para que pueda operar la compensación, ya que los acreedores de las pensiones son los hijos, no los progenitores.

  2. - Además, con carácter general rige la prohibición de compensar alimentos prevista en el artículo 151 de la LEC .

Sin embargo, en este supuesto en concreto, tenemos que las pensiones que se reclaman no son pensiones por alimentos, respecto a las cuales no cabe aplicar ningún tipo de compensación, al no ser los acreedores de la deuda -los hijos-, el progenitor al que se pretende compensar por otros pagos o deudas. En segundo lugar, el título ejecutivo, es el mismo título, en el que se determinan las cantidades a compensar. Y en tercer lugar, queda acreditado por la prueba practicada, el impago de las cantidades a compensar, por lo que las operaciones de compensación, se deducen de la propia documentación aportada.

Como se dice en la Sentencia Audiencia Provincial de Cádiz, sec. 5ª, A 15-3-2011, nº 33/2011, rec. 583/2010 : "El Tribunal Constitucional ha venido diciendo en numerosas y reiteradas sentencias (32/1.982 EDJ 1982/32, 61/1.984 EDJ 1984/61, 67/1.984 EDJ 1984/67, 109/1.984 EDJ 1984/109, 106/1.985 EDJ 1985/106

, 155/1.985 EDJ 1985/129, 33/1.987 EDJ 1987/33, 125/1.987 EDJ 1987/125, 167/1.987 EDJ 1987/167, 205/1.987 EDJ 1987/204, 148/1.989 EDJ 1989/8208, 192/1. EDJ 1992/11278, 153/1.992 EDJ 1992/10164, 194/1.993 EDJ 1993/5743, 247/1.993 EDJ 1993/7321 y 219/1.994 EDJ 1994/10567, entre otras muchas) que toda sentencia, así como cualquier otra resolución judicial, se ha de ejecutar en sus propios términos, lo que constituye un derecho integrante a su vez del derecho a la tutela judicial efectiva. Este reiterado criterio jurisprudencial, cabe resumirlo del modo siguiente: a) El derecho a la ejecución en los propios términos de las sentencias y resoluciones judiciales firmes forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 Constitución Española EDL 1978/3879), ya que, en caso contrario, las decisiones judiciales y, los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. b) Ello significa que ese derecho fundamental (a la ejecución de la sentencia "en sus propios términos") lo es al cumplimiento de los mandatos que la Sentencia contiene, a la realización de los derechos reconocidos en la misma o, de otra forma, a la imposición forzosa a la parte recurrida del cumplimiento de las obligaciones a que fue condenada. Y, asimismo, se ha venido considerando también como cumplimiento "en sus propios términos" el cumplimiento por equivalente cuando así venga establecido por la Ley. c) En principio, corresponde al órgano judicial competente, en su caso, a petición de los interesados cuando proceda según las leyes, deducir las exigencias que impone la ejecución de la sentencia en sus propios términos, interpretando en caso de duda cuáles sean éstos, y, actuar en consecuencia.

Y es que, como reiteradamente tiene declarado el Tribunal Constitucional, el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían más que meras declaraciones de intenciones y, por tanto, no estaría garantizada la efectividad de la tutela judicial y, a su vez, tiene advertido que "... el canon constitucional de fiscalización del ajuste de la actividad jurisdiccional de ejecución al fallo se compone pues, naturalmente, del fallo mismo (interpretado de acuerdo con la fundamentación y con el resto de los extremos del pleito) y asimismo de lo posteriormente resuelto para ejecutarlo, examinando si hubo o no un apartamiento irrazonable, arbitrario o erróneo en relación con el significado y con el alcance de los pronunciamientos de la parte dispositiva de la resolución que se ejecuta" (Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2.001, de 26 de marzo EDJ 2001/2671), subrayándose en la misma que para determinar si los actos de ejecución se han apartado del significado y alcance de los pronunciamientos de la sentencia de la que traen causa es necesario partir del examen de tales pronunciamientos que, plasmados en el fallo o parte dispositiva, son consecuencia de la fundamentación jurídica de dicha resolución judicial, en una línea secuencial que une las alegaciones y pretensiones de la parte actora con la fundamentación jurídica y argumentación que funda la sentencia, para desembocar en el fallo y concretos pronunciamientos en ésta contenidos. La función jurisdiccional de decir el Derecho, presupuesto necesario de la ejecución, no permite una consideración aislada de cada uno de dichos momentos y actos procesales, sino que requiere su valoración unitaria o global, pues ésta es la que permite extraer, con mayor grado de certeza, el genuino alcance y significación de las determinaciones del órgano jurisdiccional y de los efectos jurídicos, de naturaleza formal o material, que deben producir aquéllas.

Sentado cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 538.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 la legitimación activa como solo la ostenta quien aparezca como acreedor en el título que se pretende ejecutar, procediendo única y exclusivamente contra aquella persona que aparezca como deudor, debiendo ser el título ejecutivo literosuficiente en este aspecto, y de una somera lectura del auto de medidas provisionales de fecha 5 de julio de 2.007 y de la sentencia de divorcio de fecha 23 de mayo de 2.008 no se observa que la ejecutante aparece como acreedora de la mayoría de las cantidades que reclama, excepción hecha de determinados gastos extraordinarios sobre los que la Juez "a quo" proyecta la compensación sobre la que luego volveremos. Efectivamente la cuestion que se somete a la consideración de la Sala a través del recurso discurre por la declaración de ganancialidad de determinadas deudas, ya sea utilizando la presunción de ganancialidad del artículo 1.361 del Código Civil EDL 1889/1 o bien a través de prueba directa y plena, mas dicha declaración, habida cuenta del procedimiento de ejecución en que nos encontramos, ni puede hacerla la Sala ni tampoco la Juez "a quo", pues habría de constar de dicha declaración en el propio título ejecutivo, no apareciendo en el mismo que el ejecutado sea deudor de las cantidades en que se sustentan todas esas deudas, por todo lo cual procede la desestimación del motivo.

SEGUNDO

Finalmente se plantea como segundo motivo del recurso la inoperatividad de la compensación judicial llevada a cabo por el Juez "a quo" en cuanto que no se dan los requisitos legales exigidos para ello. En este sentido y, como cuestion previa, hemos de tener en cuenta que reclamándose en la demanda ejecutiva una serie de cantidades en concepto de gastos extraordinarios, aún cuando la decisión judicial en cuanto a los mismos no ha sido llevada al fallo de la sentencia cuya ejecución se pretende, sí que se resuelve sobre los mismos en el fundamento de derecho cuarto de dicha sentencia realizándose, incluso, una enumeración de los mismos a modo ejemplificador, sin que en ningun momento pueda conceptuarse como un numerus clausus, siendo así que la naturaleza de los mismos hace que hayamos de insertarlos dentro de la pensión alimenticia, ya que en lo único que difieren de los ordinarios es en su periodicidad y previsiblidad, y dentro de esta capítulo hemos de dar por reproducidas las consideraciones de la Juez "a quo" al examinar los mismos e incluir unos en la ejecución rechazando otros, lo que, en principio, nos llevaría a la existencia de una deuda de 2.022'80 Eur. que habría de satisfacer el ejecutado por este concepto. Se plantea en esta alzada la problemática relativa a si la compensación, como forma especial de pago, es oponible en aquellos procesos de Ejecución de Título Judicial ya que el punto 1 del artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 no contiene referencia expresa a ese motivo de oposición. No se sabe con certeza si fue olvido premeditado del legislador u omisión involuntaria, susceptible de interpretación conforme a las reglas generales del "Derecho de obligaciones".

Ciertamente, y como bien pone de relieve el Juez "a quo", la llamada jurisprudencia menor es vacilante en cuanto a la interpretación extensiva o restrictiva del concepto de pago a que se refiere el precepto legal aludido, pero esta Audiencia Provincial de Cádiz, como ya hemos dicho en otras resoluciones, considera que la compensación es una forma de extinción de las obligaciones, estableciéndose sus requisitos en los artículos 1.195 y siguientes del mismo texto legal, siendo factible en ejecución de sentencia y aunque tengan los créditos a compensar distinta causa jurídica; en este sentido podemos citar las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1994 EDJ 1994/3079, 27 de junio de 1995 EDJ 1995/3604 y 21 de noviembre de 2000 EDJ 2000/39208 que nos dice que "sin que por otra parte sea precisa para la compensación la contemporaneidad de los créditos ni su extracción de la misma causa jurídica, bastando para ello que se cumplan, como en el caso presente, las previsiones de los artículos 1.195 y 1.196 y con los efectos del artículo

1.202 ".

Ahora bien, una vez sentado dicho principio general y dado que la naturaleza y finalidad de la institución también puede ser un elemento exegético importante en la duda planteada, hemos de concluir que no es admisible la compensación en materia de pensiones alimenticias o de deudas alimenticia de parientes, como claramente lo expresa el artículo 151 del Código Civil EDL 1889/1 151 del Código Civil EDL 1889/1 al establecer que "no es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho de los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que le alimentista deba al que ha de prestalos ". Y es que, en definitiva, falta el requisito de que los litigantes sean recíproca y mutuamente acreedores y deudores ya que los beneficiarios de la pensión alimenticia serian los hijos y no el cónyuge que ostenta su representación al tener la guarda y custodia, por lo que procede la estimación del motivo para que la ejecución siga adelante por la cantidad señalada.

TERCERO

Estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de DOÑA Blanca y revocada la resolución recurrida, conforme al principio objetivo del vencimiento regulado en los artículos 394, 398 y 561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, no procede hacer especial declaración en cuanto a las costas de ambas instancias.

Pues bien, partiendo de lo anteriormente establecido, siendo que la pensión compensatoria se ha venido compensando por la parte ejecutada con el abono de la cantidad establecida por la hipoteca, y el resto destinándolo a la pensión compensatoria, siendo que no ha habido oposición a esta forma de pago de la misma, y por todas las razones expuestas por la Juzgadora de Instancia, consideramos que no procede seguir adelante la ejecución por dichas cantidades.

TERCERO

En cuanto a la reclamación los gastos extraordinarios por la Juzgadora de Instancia se ha establecido en la resolución recurrida: "... En cuanto a los gastos extraordinarios. En segundo término se impugna el hecho de que se haya despachado ejecución por las sumas reclamadas en concepto de gastos extraordinarios sin haber procedido previamente a su liquidación por los trámites del artículo 776. 4 de la LEC

. Conforme al citado precepto, en la redacción dada por la reforma introducida por las leyes 13 y 19/2009, establece que "cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro de los 5 días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto".

A la luz de este precepto, en la reclamación de gastos extraordinarios se pueden producir 3 supuestos distintos: 1.- Si en la resolución judicial que se pretende ejecutar no existe ningún pronunciamiento sobre el pago de gastos extraordinarios, no podrá acudirse a la vía de ejecución para reclamarlos, ya que la ejecución ha de ceñirse siempre a los estrictos términos del título ejecutivo, de suerte que, si éste no contiene un pronunciamiento de condena en esta materia, la vía ejecutiva queda vedada. 2.- Cuando en la resolución judicial se especifiquen y concreten determinados gastos extraordinarios, su reclamación en vía ejecutiva puede producirse directamente, sin necesidad de ningún procedimiento previo de liquidación de tales gastos.

  1. - En los casos en que el auto o la sentencia exista un pronunciamiento genérico sobre el pago de gastos extraordinarios, pero sin concretar cuáles sean los que tienen esa consideración, entra en juego la previsión del artículo 776.4 de la LEC, de suerte que no cabe despachar directamente ejecución por esos gastos reclamados, sino que previamente habrá de darse el trámite para determinar si tales gastos tienen o no la consideración de extraordinarios, como ha sucedido en el presente caso, de suerte que, una vez determinados qué gastos son extraordinarios mediante resolución firme, ya podrá despacharse ejecución por la suma fijada.

En el caso que nos ocupa, el pronunciamiento sobre gastos extraordinarios aparece en la sentencia de fecha 12 de febrero de 2008 que no ha sido modificada en este extremo por resoluciones posteriores. Conforme a dicha sentencia, "los que tengan un origen médico o farmacéutico y los que teniendolo lúdico o académico hubiera sido acordada su realización por ambos progenitores o en su defecto hubiesen sido autorizados judicialmente, por mitad de partes iguales". En el presente caso no ha existido acuerdo ni han sido autorizados judicialmente por lo que no corresponde su abono por mitad como pretende la ejecutante.".

Poco más puede decirse de lo correctamente argumentado por la Juzgadora de Instancia. Los gastos extraordinarios reclamados consistentes en factura de carrefour por 214, 57 euros, gastos de óptica por factura de gafas y 50,25 euros por gastos de librería, no pueden incluirse dentro del concepto pactado por las partes de gastos extraordinarios, ya que ninguno de ellos tiene un origen médico o farmacéutico, y tampoco ha habido acuerdo en su realización por ambas partes, o se ha acordado su exigencia por autorización judicial.

Por ello, el recurso de apelación debe ser desestimado y la resolución de instancia confirmada en todo su contenido y extención.

CUARTO

Al ser desestimado el recurso de apelación interpuesto, procede la imposición de costas en esta alzada a la parte recurrente.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación:

PARTE DISPOSITIVA

Que debemos acordar y acordamos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dña. Mª Mercedes Marza Beltrán, en nombre de Dña. Ana contra el auto número 29/2015 de fecha 12 de febrero de 2015, dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaroz, en autos de oposición a la ejecución seguidos en dicho Juzgado con el número 206/2014, que lo ratificamos en todo su contenido y extensión y con imposición al apelante de las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y remítase testimonio de la misma al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así por este nuestro auto, cuya certificación se unirá al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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