Auto nº 186/2015 de AP Sevilla, Sección 5ª, 19 de Junio de 2015

Ponente:JOSE HERRERA TAGUA
Número de Recurso:8764/2014
Procedimiento:CIVIL
Número de Resolución:186/2015
Fecha de Resolución:19 de Junio de 2015
Emisor:Audiencia Provincial - Sevilla, Sección 5ª
RESUMEN

CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDAD. Existe una previsión legal específica, conforme a la cual debe procederse, en caso de que se establezcan en la escritura pública de préstamo hipotecario intereses abusivos. Anulada la cláusula que establece los intereses moratorios, procede pues dar traslado a la parte ejecutante para que, como se solicita en el recurso, pueda recalcular los intereses moratorios... (ver resumen completo)

 
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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN QUINTA

AUTO

ROLLO 8764/14-E

JUZGADO de 1ª Instancia nº 2 de Sevilla

AUTO S 858/14

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DON JUAN MÁRQUEZ ROMERO

DON JOSÉ HERRERA TAGUA

DON CONRADO GALLARDO CORREA

En Sevilla, a 19 de Junio de 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho del Auto apelado que con fecha 8 de septiembre de 2014, dictó el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sevilla, en los autos nº 858/14, promovidos por la entidad Caja Rural del Sur, S.C.C., representada por el Procurador Don Gerardo Martínez Ortíz de la Tabla, contra Doña Covadonga y Don Pedro Enrique, cuya parte dispositiva literalmente dice: "Debo declarar y declaro nula por abusiva la cláusula relativa a interés moratorio que aparece en el título cuya ejecución se interesa."

PRIMERO

Notificada a las partes dicha resolución y apelada por la entidad ejecutante, y admitido que le fue dicho recurso, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.

SEGUNDO

Acordada por la Sala la deliberación y fallo de este recurso, la misma tuvo lugar en la fecha señalada, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.

TERCERO

En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don JOSÉ HERRERA TAGUA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Por el Procurador Don Gerardo Martínez Ortiz de la Tabla, en nombre y representación de la entidad Caja Rural del Sur, S.C.C., se presentó demanda de ejecución hipotecaria contra Doña Covadonga y Don Pedro Enrique, respecto del inmueble identificado como CALLE000 núm. NUM000, planta NUM001

, puerta NUM002, de Sevilla, finca registral núm. NUM003 del Registro de la Propiedad núm. 4 de Sevilla, por impago de 79.710,88 euros de principal. La ejecutante, por propia iniciativa, redujo los intereses moratorios y los acomodó a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria . A continuación, por parte del Juzgado, mediante Providencia de 30 de junio de 2.014, se dio trámite a la parte ejecutante para que alegase sobre la posible abusividad de la cláusula de intereses moratorios. Tras lo cual, se dictó Auto que acordó declarar nula, por abusiva, la cláusula de los intereses moratorios. Contra la citada resolución se interpuso recurso de apelación por la entidad ejecutante, al entender que dicha cláusula no era abusiva.

SEGUNDO

Hemos de dejar sentado, ab initio, que una eventual inadmisión a trámite de una pretensión basada en apreciar de oficio el carácter abusivo de la reclamación, solo puede tener lugar cuando el mismo sea patente, manifiesto, indudable y claramente perjudicial, su mera admisión, para la otra parte. En la propia jurisprudencia europea que se cita en el Auto recurrido que aclara que tal pronunciamiento solo puede llevarse a cabo por el tribunal "tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello".

Normalmente, por tanto, el pronunciamiento se hará en la resolución definitiva que ponga fin al pleito, porque es cuando los tribunales disponen ya de esos elementos de hecho y de Derecho necesarios. Su apreciación de oficio antes, especialmente en un momento inicial, será excepcional, por cuanto que la inadmisión a trámite de una demanda implica un serio riesgo de denegación de tutela judicial y debe tener siempre apoyo en una disposición legal que lo autorice.

Así ese pronunciamiento inicial es lógico cuando se trata de cláusulas abusivas que implican un perjuicio al consumidor por el mero hecho de la admisión a trámite de la demanda, como ocurre con las cláusulas de sumisión, cuya ineficacia está expresamente prevista además en el artículo 54 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO

Sobre la cuestión planteada, esta Sala ha resuelto supuestos idénticos al presente, entre otros, en el rollo 8484/13, en el que decimos que: "Efectivamente la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, relativa a los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, reestructuración de deuda y alquiler social, establece que en los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de la Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, párrafo introducido precisamente por la citada Ley 1/2013, es decir, sobre la base de que no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago, ni pueden ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La resolución recurrida tiene razón cuando señala que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cita profusamente, declara la nulidad de la cláusula donde se establecen los intereses moratorios por ser los mismos abusivos, no cabe que judicialmente puedan moderarse los mismos. Ahora bien, si esta era la situación cuando el Juez plantea la nulidad de la cláusula por providencia de 3 de abril de 2.013, cuando se dicta el auto que declara la nulidad el día 3 de junio de 2.013 ya ha entrado en vigor la citada Ley 1/2013 y es de aplicación al presente procedimiento la mencionada disposición transitoria segunda . Por tanto ya no se trata de que se moderen judicialmente los intereses moratorios, sino que existe una disposición legal que, precisamente dando cumplimiento a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1.993, y a la jurisprudencia comunitaria que la interpreta, fija cuales son los intereses moratorios máximos que se pueden devengar y la obligatoriedad de proceder al recalculo de los mismos en el caso de que los estipulados en el caso concreto sean superiores. Por tanto, existe una previsión legal específica, conforme a la cual debe procederse, en caso de que se establezcan en la escritura pública de préstamo hipotecario intereses abusivos. Anulada la cláusula que establece los intereses moratorios, procede pues dar traslado a la parte ejecutante para que, como se solicita en el recurso, pueda recalcular los intereses moratorios devengados conforme a la nueva normativa".

La única diferencia con dicho supuesto, es cuando se dicta el Auto recurrido, que en el presente supuesto tiene lugar el día 8 de septiembre de 2.014, pero a los efectos es lo mismo.

Es incuestionable que la Disposición Transitoria Segunda es aplicable solo a los préstamos con garantía hipotecaria que se hayan constituido sobre vivienda habitual, es decir, obviando cuál sea la finalidad del préstamo, constituido con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, que tuvo lugar al día siguiente de su publicación (15 de mayo de 2.013), es decir, el día 16 del citado mes y año, como ocurre en el presente supuesto, dado que estamos ante una hipoteca constituida el día 3 de diciembre de 2.004. Dicha limitación en cuanto a la cuantía de los intereses moratorios es igualmente de aplicación a los previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la citada Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.

Bien es cierto que no consta en autos que la vivienda, cuya ejecución se pretende, sea la vivienda habitual de los ejecutados, que es el supuesto al que dicha norma, junto con el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y todas las modificaciones introducidas tanto en la legislación hipotecaria como procesal, tratan de proteger, aunque es una cuestión que no se discute. En sentido contrario, hemos de concluir que sí no estamos ante vivienda habitual, se entiende por el legislador, que superar esos límites en los intereses moratorios, por sí mismo, analizado objetiva y aisladamente el porcentaje, no se puede considerar abusivo. En cualquier caso, la aplicación de dicha norma no se ha puesto en duda por la ejecutante, hasta el extremo de que ha aplicado dicha reducción, dado a entender con ello que concurren los requisitos mencionados y estamos ante el supuesto contemplado en la norma.

En definitiva, no está justificada la afirmación de que tales intereses de demora sean desproporcionados, máxime cuando la parte, por iniciativa propia, había interesado que la reducción de los intereses moratorios, a tenor de los límites establecidos en la Ley 1/2013. Aparte, no se tienen datos de cuáles eran los intereses de demora habituales en la época en que se firmó el préstamo ni consecuentemente que el pactado en el contrato se aparte notoriamente de los mismos. La apreciación de que los mismos son desproporcionados no deja de ser una estimación subjetiva de la Juez "a quo" en tanto en cuanto no tiene apoyo en datos o criterios objetivos. Menos aún cuando no se trata de intereses ordinarios, que es el beneficio que pretende obtener el prestamista con el crédito, sino de intereses moratorios cuya finalidad es penalizar el incumplimiento del contrato por parte del prestatario, estimulando de esta forma el cumplimiento, y establecer de forma anticipada el cálculo de los daños y perjuicios que tal incumplimiento supone para el prestamista.

No existe, en definitiva, razón alguna para, en este momento procesal, considerar abusivos los intereses de demora que se liquidan y reclaman, y excluirlos del requerimiento.

CUARTO

Las precedentes consideraciones han de conducir con estimación del recurso de apelación a la revocación del Auto recurrido, en el sentido de que, en este momento procesal, no hay motivos para declarar abusivos los intereses moratorios, debiendo despacharse ejecución en la que se incluyan los intereses moratorios, con la reducción practicada por la ejecutante, sin pronunciamiento de costas de esta alzada.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA:

En atención a lo expuesto,

LA SALA ACUERDA :

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Gerardo Martínez Ortíz de la Tabla en nombre y representación de la entidad Caja Rural del Sur S.C.C., contra el Auto de fecha 8 de septiembre de 2014, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sevilla, en los autos de Ejecución Hipotecaria nº 858/14, lo debemos revocar y revocamos, en el sentido de que debe despacharse ejecución en la que se incluyan los intereses moratorios, con la reducción practicada por la ejecutante, sin pronunciamiento sobre las costas de ambas intancias.

Y en su día, devuélvanse las actuaciones originales con certificación literal de este Auto y despacho para su ejecución y cumplimiento, al Juzgado de procedencia.

Así por este nuestro Auto, del que quedará testimonio en el Rollo de la Sección, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.-

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