SAP Málaga 254/2016, 20 de Mayo de 2016
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 254/2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Málaga, seccion 5 (civil) |
| Fecha | 20 Mayo 2016 |
SENTENCIA Nº 254
AUDIENCIA PROVINCIAL MALAGA
Sección 5ª
PRESIDENTE: ILMO. SR.
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HIPOLITO HERNANDEZ BAREA
MAGISTRADOS, ILTMAS. SRAS.
Dª. INMACULADA MELERO CLAUDIO
Dª. MARIA TERESA SAEZ MARTINEZ
REFERENCIA:
JUZGADO DE PROCEDENCIA: JUZG. Nº 8 DE MALAGA
ROLLO DE APELACION Nº 121/14
JUICIO Nº 402/12
En la ciudad de Málaga, a veinte de mayo de dos mil dieciséis.
Visto, por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el Juicio Ordinario nº 402/12 seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso la Procuradora Doña María Tinoco García, en nombre y representación de DOÑA Elisa .
El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 15 de noviembre de 2013, en el juicio antes dicho, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Que DESESTIMANDO la demanda formulada por la procuradora Doña Encarnación Tinoco García en nombre y representación de DOÑA Elisa contra JOFRANJUNJO 2004 S.L. y AXA CIA DE SEGUROS, debo absolver a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra en el escrito de demanda.
Sin hacer especial pronunciamiento en costas".
Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado la ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 17 de mayo de 2016, quedando visto para sentencia.
En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrado DOÑA INMACULADA MELERO CLAUDIO quién expresa el parecer de la Sala.
Frente a la resolución pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de los de Málaga, se alza la apelante DOÑA Elisa alegando que la Juzgadora a quo plantea de manera acertada la cuestión a dilucidar que viene a concretarse en dos puntos esenciales, a saber: si existe responsabilidad de la demandada sobre el mantenimiento del lugar donde se produjo el accidente, y si el mismo estaba en condiciones de abandono que permitan considerar que ello fue un elemento determinante de la caída.
Y considera que de la prueba testifical practicada a su instancia ha quedado debidamente acreditado que no se encontraba afectada por el consumo de bebidas alcohólicas, que el suelo se encontraba mojado y que no había nadie encargado de limpiar el suelo ni la moqueta que impidieran que suelo pudiera resbalar y que algún cliente pudiera resbalar y causarse lesiones; sin que por el contrario la parte demandada haya acreditado que el suelo se encontraba en perfecto estado, pues no ha desvirtuado las pruebas testificales practicadas a su instancia.
En definitiva, estima que si bien la lluvia es un hecho frecuente y previsible, no es menos cierto que existe una dejadez por parte de los empleados de la entidad demandada, y por tanto debe entenderse que es responsable de la caída y de los daños corporales que ha sufrido.
La Sala, en uso de la función revisora que le es propia ( artículo 456 LEC ), examinado que ha sido el contenido de las actuaciones y a tenor de las alegaciones de la parte apelante contenidas en su escrito de interposición del recurso de apelación, acepta los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia apelada, motivación que se considera suficiente y que ha de darse por reproducida a los efectos de su confirmación por no quedar aquella desvirtuada por las alegaciones de la litigante apelante.
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de febrero de 2007 dice al respecto: "..... TERCERO.-
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En los litigios sobre responsabilidad civil por culpa extracontractual cabe discutir en casación el juicio del tribunal de instancia sobre el criterio de imputación subjetiva de los daños al causante de los mismos y sobre los aspectos de la relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño que exigen una valoración jurídica, cifrados en la llamada imputación causal, pero no la determinación objetiva de los hechos sobre la existencia o inexistencia del daño y sobre la naturaleza y circunstancias de la acción u omisión ( SSTS 13 de octubre de 1992, 14 de febrero de 1994, 31 de enero de 1997, 29 de mayo de 1998, 8 de septiembre de 1998, 4 de junio de 2001, 7 de junio de 2002, 14 de noviembre de 2002 y 4 de noviembre de 2004, entre otras).
La jurisprudencia no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad con fundamento en el art. 1902 del Código civil ( SSTS 6 de septiembre de 2005 17 de junio de 2003, 10 de diciembre de 2002, 6 de abril de 2000 y, entre las más recientes, 10 de junio de 2006 y 11 de septiembre de 2006 ). Es procedente prescindir de una supuesta objetivación de la responsabilidad civil que no se adecua a los principios que informan su regulación positiva. La jurisprudencia no ha aceptado una inversión de la carga de la prueba, que en realidad envuelve una aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia, más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño cuando está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otraíndole ( STS de 2 marzo de 2006 ). Es un criterio de imputación del daño al que lo padece la asunción de los riesgos generales de la vida ( STS 21 de octubre de 2005 y 5 de enero de 2006 ), de los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar ( SSTS de 11 de noviembre de 2005 y 2 de marzo de 2006 ) o de los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida ( STS 17 de julio de 2003 ). En los supuestos en que la causa que provoca el daño no supone un riesgo extraordinario no procede una inversión de la carga de la prueba respecto de la culpabilidad en la producción de los daños ocasionados.
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Como declara la STS de 31 de octubre de 2006, en relación con caídas en edificios en régimen de propiedad horizontal o acaecidas en establecimientos comerciales, de hostelería o de ocio, muchas sentencias de esta Sala han declarado la existencia de responsabilidad de la comunidad de propietarios o de los titulares del negocio cuando es posible identificar un criterio de responsabilidad en el titular del mismo, por omisión de medidas de vigilancia, mantenimiento, señalización, cuidado o precaución que debían considerarse exigibles. Pueden citarse, en esta línea, las SSTS 21 de noviembre de 1997 ( caída por carencia de pasamanos en una escalera); 2 de octubre de 1997 ( caída en una discoteca sin personal de seguridad); 10 de diciembre de 2004 (caída en las escaleras de un gimnasio que no se encontraba en...
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