SAP Jaén 952/2018, 8 de Octubre de 2018

Ponente:MARIA ELENA ARIAS SALGADO ROBSY
Número de Recurso:1834/2017
Procedimiento:Civil
Número de Resolución:952/2018
Fecha de Resolución: 8 de Octubre de 2018
Emisor:Audiencia Provincial - Jaén, Sección 1ª
 
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SENTENCIA Nº 952

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. Rafael Morales Ortega

MAGISTRADOS

Dª. Elena Arias Salgado Robsy

D. Luis Shaw Morcillo

En la ciudad de Jaén, a ocho de Octubre de dos mil dieciocho.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario seguidos en primera instancia con el nº 378 del año 2016, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Linares, rollo de apelación de esta Audiencia nº 1834 del año 2017, a instancia de Dª Florinda, representada en la instancia, y en esta alzada por el Procurador D. Alfonso José Rodríguez Cano, y defendido por el Letrado D. Alfonso Jesús Casado Rodríguez; contra CAIXABANK, S.A. representado en la instancia, y en esta alzada por la Procuradora Dª Luisa Guzmán Herrera, y defendido por la Letrada Dª. Lucía Álvarez de Toledo Martínez.

ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Linares, con fecha 5 de Julio de 2017 .

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por dicho Juzgado y en la fecha indicada, se dictó sentencia que contiene el siguiente FALLO: "Se desestima la demanda presentada por Dña. Florinda contra CAIXABANK SA, absolviendo a la demandada de todas las pretensiones alegadas de contrario y se condena en costas a la demandante."

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso por la representación de la demandante, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido por el Juzgado de Primera Instancia, presentando para ello escrito de alegaciones en el que basa su recurso, referido al primer pronunciamiento del fallo, desestimatorio de su pretensión de nulidad de la cláusula que establece el índice IRPH de referencia.

TERCERO

Dado traslado a las demás partes del escrito de apelación, se presentó escrito de oposición por la parte demandada que solicita se desestime el mismo y se confirme la sentencia íntegramente, remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, con emplazamiento de las partes; turnadas a esta Sección 1ª se formó el rollo correspondiente y personadas las partes quedó señalado para la deliberación, votación y fallo el día 3 de octubre de 2018 en que tuvo lugar, quedando las actuaciones sobre la mesa para dictar la resolución oportuna.

CUARTO

En la tramitación de este recurso se han observado las normas y formalidades legales.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Elena Arias Salgado Robsy.

ACEPTANDO los fundamentos de derecho de la resolución impugnada, salvo en lo que se oponen a los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero

Desestimada la demanda por la Sentencia dictada en la instancia, se formula recurso de apelación por la actora, solicitándose en el recurso la estimación de la de la demanda en la que se pretende la nulidad de la cláusula que establece el índice IRPH e índices sustitutivos y si dicha nulidad pudiera determinar la del contrato de préstamo subsidiariamente se acuerde su sustitución por el Euribor, así como la devolución de las cantidades resultantes de la diferencia entre ellos.

Se alegan como motivos del recurso, infracción del artículo 218 de la Lec y 24 de la CE por falta de motivación y respuesta a las cuestiones planteadas limitándose a citar jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, y errando al no realizar la comparación con el caso planteado, en el que el índice sustitutivo final viene a convertir el interés variable pactado en fijo, lo que no analiza y confunde; que no analiza la superación del doble control de transparencia, en relación a la obligación de informar de la entidad en supuestos de subrogación, habiéndose acreditado que no la hubo ni por parte del vendedor promotor ni por parte de la entidad bancaria, lo que daría lugar a la nulidad de la cláusula; que yerra al no tener en consideración que la aplicación del segundo índice sustitutivo supone la conversión del interés en fijo, como comunicó la Caixa por carta aportada de fecha 29 de agosto de 2014, en concreto el 4.101% nominal para la primera disposición y el 4,851% para la segunda disposición activa; que se ha acreditado el vicio del consentimiento, al subrogarse la demandante en las condiciones pactadas sin conocerlas, no analizándose por la sentencia la prueba practicada al efecto que cita; y finalmente en cuanto a las costas, discrepa de su imposición por concurrir en el caso serias dudas de hecho y de derecho, existiendo jurisprudencia contradictoria.

Alegaciones a las que se opone la parte demandada, solicitando la confirmación de la sentencia.

Segundo

En primer lugar debemos partir de lo ya resuelto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de diciembre de 2017, que viene a sancionar el criterio mayoritario de las Sentencias dictadas por múltiples Audiencias Provinciales, (entre otras la de Jaén, de fecha 29 de marzo de 2017 ), al respecto de la demandada nulidad de la cláusula que fija el IRPH, y que en resumen viene a sentar que se trata de índice definido regulado legalmente, cuyo control de legalidad por la Administración Pública resulta ajeno al orden jurisdiccional civil, no pudiendo como tal ser objeto del control de transparencia desde el punto de vista de la protección del consumidor, y concluyendo en definitiva que solamente puede controlarse que la condición general por la que se incluye esté redactada de un modo claro y comprensible.

Textualmente dice dicha Sentencia del Tribunal Supremo: " Control de transparencia de la cláusula de interés variable que lo referencia al IRPH

  1. - Como hemos visto, el IRPH -Entidades utilizado en el contrato litigioso es un índice definido y regulado legalmente, que se incorpora a un contrato de préstamo a interés variable mediante la predisposición por la entidad financiera prestamista de una condición general de la contratación. No obstante, la parte predisponente no define contractualmente el índice de referencia, sino que se remite a uno de los índices oficiales regulados mediante disposiciones legales para este tipo de contratos. Por ello, es a la Administración Pública a quien corresponde controlar que esos índices se ajusten a la normativa, lo que hace que ese control quede fuera del ámbito de conocimiento de los tribunales del orden civil.

    La administración tiene mecanismos de sanción respecto de aquellas conductas de las entidades financieras que contravengan las normas sobre transparencia bancaria.

  2. - En consecuencia, el índice como tal no puede ser objeto del control de transparencia desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE, sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la legislación nacional protectora de consumidores. El art. 4 LCGC excluye de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, al igual que hace el art. 1.2 de la Directiva 93/13 . Así lo indica también el preámbulo de la Directiva, cuando dice que: "considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión "disposiciones legales o reglamentarias imperativas" que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo".

  3. - Como reconoce la propia sentencia recurrida, no puede controlarse judicialmente el carácter abusivo de una condición general de la contratación cuando la misma responda a una disposición administrativa supletoria, ya que en estos casos el control sobre el equilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes viene garantizado por la intervención de la administración pública, siempre y cuando su contenido no haya sido modificado contractualmente. Lo que tiene como consecuencia que, en el marco de una acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, no pueda valorarse el modo en el que se ha fijado un...

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