SAP Valladolid 430/2019, 13 de Diciembre de 2019
| Ponente | EMMA GALCERAN SOLSONA |
| ECLI | ES:APVA:2019:1585 |
| Número de Recurso | 305/2019 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 430/2019 |
| Fecha de Resolución | 13 de Diciembre de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valladolid, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
VALLADOLID
SENTENCIA: 00430/2019
Modelo: N10250
C.ANGUSTIAS 21
Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513
Correo electrónico:
Equipo/usuario: FBB
N.I.G. 47186 42 1 2018 0008621
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000305 /2019
Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 14 de VALLADOLID
Procedimiento de origen: OR1 ORDINARIO DERECHO AL HONOR-249.1.1 0000518 /2018
Recurrente: Julieta
Procurador: GLORIA MARIA CALDERON DUQUE
Abogado: JOSE ANTONIO BOSCH VALERO
Recurrido: MINISTERIO FISCAL, ASOCIACION DE ABOGADOS CRISTIANOS
Procurador:, MARIA DEL PILAR PEREZ CALVO
Abogado:, POLONIA-MARIA CASTELLANOS FLOREZ
SENTENCIA núm. 430/19
Ilmos. Sres. MAGISTRADOS:
D. FRANCISCO-JAVIER CARRANZA CANTERA
D. FRANCISCO SALINERO ROMÁN
Dª EMMA GALCERÁN SOLSONA
En VALLADOLID, a trece de diciembre de dos mil diecinueve.
VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO DERECHO AL HONOR -249.1.1- nº 518/18 del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Valladolid, seguido entre partes, de una, como DEMANDANTE/APELADA-IMPUGNANTE, la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS CRISTIA NO S, representada por la Procuradora Dª Mª del Pilar Pérez Calvo
y defendida por la Letrada Dª Polonia- María Castellanos Florez; y de otra, como DEMANDADA/APELANTEAPELADA POR IMPUGNACIÓN, Dª Julieta, representada por la Procuradora Dª Gloria Mª Calderón Duque y defendida por el Letrado D. José-Antonio Bosch Valero; habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL, siendo parte IMPUGNANTE de la sentencia apelada.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 20/03/19, se dictó sentencia cuyo fallo dice así:
"Se estima parcialmente la demanda formulada por la Procuradora Sra. Pérez Calvo en nombre y representación de la Asociación Española de Abogados Cristianos contra la Sra. Julieta ;
Se declara que las expresiones vertidas por la demandada constituyen intromisión ilegítima en el honor de la actora.
Se condena a la demandada Dª Julieta a restablecimiento del derecho violado mediante la publicación de esta sentencia en el Diario Digital "La Voz de Asturias" dándole la misma difusión que el de la entrevista objeto de esta litis.
Se condena a la demandada a abonar a la actora la cantidad simbólica de un euro en concepto de daño moral.
No se hace declaración sobre costas."
Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación procesal de la parte demandada, Dª Julieta, se interpuso recurso de apelación dentro del término legal, alegando lo que estimó oportuno. Por la representación procesal de la parte demandante, la Asociación de Abogados Cristianos, se presentó escrito de oposición al recurso y de impugnación de la resolución apelada. Por el Ministerio Fiscal se presentó escrito de impugnación. Conferido el correspondiente traslado de las impugnaciones al apelante principal se evacuó el trámite. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 04/12/19, en el que tuvo lugar lo acordado.
Vistos, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª EMMA GALCERÁN SOLSONA.
En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada se solicita la revocación de la sentencia de primera instancia, acordándose en su lugar la desestimación de la demanda interpuesta.
En la impugnación de sentencia formulada por la entidad demandante, se solicita la revocación exclusivamente del pronunciamiento judicial por el que se condenó a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad simbólica de un euro en concepto de indemnización del daño moral, acordando en su lugar la condena de la demandada a abonar a la actora la cantidad de 6.000 € en concepto de indemnización del daño moral, constituyendo el mencionado pronunciamiento el único que es objeto de la impugnación de sentencia formulada por la actora.
Por el Ministerio Fiscal se impugnó la sentencia de primera instancia, solicitando que la Sala revoque la misma, acordando en su lugar la desestimación de la demanda por inexistencia de intromisión ilegítima del derecho al honor de la parte actora.
En cuanto a la colisión entre el Derecho al honor y la libertad de expresión -debe recordarse que la libertad de información y la libertad de expresión están bien diferenciados en el artículo 20 de la C.E. -articulo 20 párrafo c) apartado 1 reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". El de información, párrafo d) del mismo apartado 1, artículo 2 de CE, que reconoce y protege "el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". De ello se infiere que estamos ante los derechos claramente diferentes ( Sentencias del TC: L. 105/1983, 159/1980, 168/1986, 51/1989, 105/1990, 214/1981, 123/1993 entre otras). La libertad expresión tiene por objeto la trasmisión de ideas opiniones, STC 51/1985, 223/1992 entre otras) y el derecho de información tiene por objeto la transmisión de hechos ( S.T.C. 51/1985, 20/1992 y 223/1992 entre otras).
El TC en Sentencia nº 6/1988 deja clara la distinción y la conexión entre estos dos Derechos Fundamentales; como quiera que mediante el derecho de información se comunica "hechos" la veracidad forma parte del contenido del derecho; la veracidad no es limite al derecho de información sino, presupuesto de ese derecho,
elemento esencial de su contenido, elemento del que no se puede disponer porque viene constitucionalmente impuesto ( artículo 20 de la CE). El derecho de información solo ampara información veraz de modo que nadie puede escudarse en el Derecho de Información para propagar noticias falsas. El que transmite hechos falsos puede incurrir en ilícito civil o penal, o nada por la irrelevancia de la mentira, pero no está ejerciendo el derecho fundamental o transmitir información. Es cierto que la veracidad que se exige no excluye el error, pero obliga a extremar la diligencia en la comprobación de la veracidad y ello porque es una libertad individual de cada persona pero también es una libertad pública que se despliega en el tejido de las relaciones sociales en el que pueden entrar en juego intereses de distinta naturaleza, cívico/políticos.
En todo caso, tanto los Derechos como las limitaciones -en cuanto estas derivan del respecto a la ley y a los Derechos de los demás -son considerados en el artículo 10.1 de la C.E. como fundamento del orden político y de la paz social.
En la libertad de expresión siendo su objeto los juicios de valor, no son en principio verdaderos ni falsos, pero no implica que cualquier manifestación sea siempre licita. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo exige una ponderación sobre la concurrencia del derecho a la libertad de expresión reconocido en el art. 20.1 a) de la Constitución Española y su posible colisión con los derechos declarados en el art. 18.1, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El Tribunal Constitucional ha reiterado que la Constitución no ampara "el derecho al insulto", la libertad de expresión no protege el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio ( SSTC 105/1990 FJ 8; 85/1992, FJ 4; 240/1992, FJ 8). Es cierto que la libertad de expresión ampara la crítica, incluso la crítica molesta, acerba o hiriente, pero la crítica de la conducta de una persona es distinta de la utilización de expresiones injuriosas, que quedan fuera del ámbito protegido por la libertad de expresión ( STC 336/1993, FJ 6). Siendo esto así, hay que advertir, sin embargo, que el Tribunal entiende que sólo hay insulto cuando la opinión incluye expresiones vejatorias "innecesarias" para la emisión del mensaje ( STC 105/1990, FJ 4). Y aquí es donde el Tribunal incorpora...
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