SAP Pontevedra 215/2006, 20 de Abril de 2006

PonenteMANUEL ALMENAR BELENGUER
ECLIES:APPO:2006:618
Número de Recurso5021/2005
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución215/2006
Fecha de Resolución20 de Abril de 2006
EmisorAudiencia Provincial - Pontevedra, Sección 1ª

MANUEL ALMENAR BELENGUERMARIA BEGOÑA RODRIGUEZ GONZALEZFRANCISCO JAVIER MENENDEZ ESTEBANEZ

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00215/2006

APELACIÓN CIVIL

Rollo: Incidente de nulidad de sentencia dictada en el rollo núm. 5021/05

Asunto: Juicio Ordinario

Número: 184/04

Procedencia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Villagarcía de Arosa

Magistrados

D. Manuel Almenar Belenguer

Dña. María Begoña Rodríguez González

D. Francisco Javier Menéndez Estébanez

LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, CONSTITUIDA

POR LOS MAGISTRADOS EXPRESADOS CON ANTERIORIDAD,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM. 215

En la ciudad de Pontevedra, a veinte de abril del año dos mil seis.

Vista la solicitud de nulidad de actuaciones, interpuesta contra la sentencia pronunciada en el rollo de apelación núm. 5021/05, dimanante de los autos de juicio ordinario seguido con el núm. 184/04 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Vilagarcía de Arousa, nulidad instada por la demandada apelante ASOCIACIÓN DE VECINOS "SAN MIGUEL DE DEIRO", representada por el procurador Sr. Sanjuán Fernández y asistida por el letrado D. Juan Santorum Varela, y frente al demandante apelado D. María Rosario, representado por el procurador Sr. Soto Santiago y asistido por la letrada Dña. Mirian Gómez de Andrés.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y, además

PRIMERO

Con fecha 12 de diciembre de 2005, esta Sección 1ª pronunció en el presente rollo de apelación sentencia cuya parte dispositiva, literalmente copiada, decía:

"QUE ESTIMANDO PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Deiro, contra la sentencia pronunciada el 25 de abril de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Villagarcía de Arosa , DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS DICHA RESOLUCIÓN en el solo extremo de reducir la cantidad que la demandada Asociación de Vecinos de San Miguel de Deiro deberá abonar al actor D. María Rosario a siete mil trescientos setenta y siete euros con siete céntimos (7.377,07 ¤), con más los intereses legales desde la fecha señalada en la sentencia de primera instancia.

Cada parte deberá satisfacer las costas causadas a su instancia, siendo las comunes por mitad."

SEGUNDO

Tras ser notificada a las partes, por la representación de la demandada apelante se presentó escrito por el que, tras alegar los hechos y razonamientos jurídicos que estimó de aplicación, terminaba suplicando que, previos los trámites legales, se estime la nulidad interesada y, en su virtud, se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia y se dicte otra que corrija el defecto de forma denunciado.

TERCERO

Dada la naturaleza de la solicitud formulada, se acordó la formación de la correspondiente pieza separada, en la que se dio traslado de la petición realizada a la parte demandante apelada, que en virtud de escrito presentado el 20 de marzo de 2006 se opuso a la nulidad postulada, con imposición de costas a la adversa, tras lo cual con fecha 29 de marzo de 2006 se señaló para la deliberación el día de hoy, siendo ponente el magistrado Sr. Almenar Belenguer, que expresa el parecer de la Sala.

CUARTO

En la sustanciación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales que lo regulan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

En el presente rollo de apelación, la Sala dictó sentencia por la que, estimando parcialmente el recurso interpuesto por la parte demandada/apelante "Asociación de Vecinos San Miguel de Deiro" contra la sentencia dictada en primera instancia, redujo la cantidad que la referida demandada debía abonar al demandante D. María Rosario a 7.377'07 ¤, en lugar de los 7.815'89 ¤ a que había sido condenada por la sentencia recurrida en apelación, y ello al conceder validez a una factura que había sido rechazada en primera instancia, sin que, por el contrario, se admitieran los motivos de impugnación esgrimidos por la demandada/apelante y consistentes en la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y, en cuanto al fondo, la inexistencia del contrato verbal de obra en que se fundaba la demanda.

La asociación recurrente solicita la nulidad de la sentencia, argumentando la existencia de defectos de forma que causaron indefensión, pues "habiendo impugnado esta parte el informe pericial tanto en primera como en segunda instancia, se mantiene como informe válido para fijar la cuantía de la indemnización a pagar por mi representada, cuando tal informe no fue ratificado, ni el Perito autor del mismo compareció a juicio para, bajo el principio de inmediación y contradicción dar las oportunas explicaciones y aclaraciones al mismo, causando indefensión a esta parte que se vio privada de esa opción procesal".

SEGUNDO

Antes de entrar en el fondo de la solicitud de nulidad, razones de método obligan a analizar la alegación de la parte demandante/apelada sobre su admisibilidad.

El demandante recurrido razona que no puede admitirse la solicitud porque el art. 228 LEC condiciona la admisión a que no quepa recurso ordinario ni extraordinario contra la resolución cuya nulidad se pide, lo que aquí no sucede puesto que, conforme a los arts. 468 y 469 LEC , cabe recurso extraordinario por infracción procesal.

Sin embargo, la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que, sustanciado un procedimiento por razón de la cuantía, la resolución que recaiga en segunda instancia únicamente podrá ser recurrida en casación o mediante el recurso extraordinario de infracción procesal por la vía del art. 477.2.2º LEC , lo que no ocurre en el presente caso.

Rechazado el óbice procesal y dados los términos en que se plantea la petición, parece oportuno sintetizar la doctrina constitucional establecida, entre otras, en las SSTC de 14 de febrero de 2005 y de 11 de marzo de 2002 , sobre la intangibilidad, invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales:

  1. El Tribunal Constitucional se ha referido reiteradamente a la vinculación dogmática que la protección de la integridad de las resoluciones judiciales firmes mantiene con la seguridad jurídica garantizada por el art. 9.3 de nuestra Constitución , así como con el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 CE [por todas, SSTC 48/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 69/2000, de 13 de marzo, FJ 2, y 216/2001, de 29 de octubre, FJ 2 a)]. En los expresivos términos empleados en la STC 69/2000, de 13 de marzo, FJ 2 , "esta...

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