SAP Madrid 48/2005, 18 de Enero de 2005
| Ponente | ELADIO GALAN CACERES |
| ECLI | ES:APM:2005:335 |
| Número de Recurso | 836/2004 |
| Número de Resolución | 48/2005 |
| Fecha de Resolución | 18 de Enero de 2005 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 22ª |
D. EDUARDO HIJAS FERNANDEZD. ELADIO GALAN CACERESDª. CARMEN NEIRA VAZQUEZ
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 22
MADRID
SENTENCIA: 00048/2005
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 22
C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 96
Tfno.: 913978913-4 Fax: 913978915
N.I.G. 28000 1 7009571 /2004
Rollo: RECURSO DE APELACION 836 /2004
Proc. Origen: MENOR CUANTIA 273 /1999
Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 11 de MADRID
De: Cesar
Procurador: RAUL MARTINEZ OSTENERO
Contra: DOÑA Raquel y otros
Procurador: DON JOSE MANUEL MERINO BRAVO
SENTENCIA
Magistrados:
Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández
Ilmo. Sr. D. Eladio Galán Cáceres
Ilma. Sra. Dª. Carmen Neira Vázquez
_________________________________________/
En Madrid, a dieciocho de enero de dos mil cinco.
La Sección Vigesimosegunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los autos de reclamación e impugnación de paternidad, bajo el nº 273/99, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de Madrid, entre partes:
De una como apelante, Don Cesar, representado por el Procurador Don Raúl Martínez Ostenero.
De otra, como apelados, Doña Raquel, Doña María Rosa, Don Juan Francisco, Doña Marta y herederos de Don Gonzalo , Doña Lidia, Don Jesús Manuel, Doña Cristina y Doña Ana María , representados por el procurador Don José Manuel Merino Bravo.
De otra, como apelados, Don Gabino, Don Juan Alberto, Don Gustavo, Don Carlos María, Don Darío, Doña Ángela, Doña Valentina y Don Santiago .
VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Eladio Galán Cáceres
La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada.
Con fecha 4 de septiembre de 2003 por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de Madrid se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal: "FALLO: Estimo íntegramente la demanda formulada por el procurador D. JOSE MANUEL MERINO BRAVO en nombre y representación de Raquel contra D. Cesar, María Rosa, Gonzalo, Marta, Juan Francisco, Lidia, Jesús Manuel, Cristina, Ana María, Gabino, Raquel, Gustavo, Carlos María, Darío, Ángela, Valentina, Santiago, y en su mérito declaro que Dña. Raquel es hija biológica de D. Rosendo y lo es de D. Claudio y ordeno realizar todas las rectificaciones en el Registro Civil donde consta inscrita Dña. Raquel. Con expresa imposición de las costas a D. Cesar.
MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid (artículo 455 LECn). El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de a notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECN).
Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos y notificación a las partes, lo pronuncio, mando y firmo".
Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma, previa la oportuna preparación, se interpuso recurso de apelación por la representación legal de Don Cesar, exponiéndose en el escrito presentado las alegaciones en las que basaba su impugnación.
De dicho escrito se dio traslado a las demás partes personadas, presentándose por la representación legal de Doña Raquel, Doña María Rosa, Don Santiago, Doña Marta y herederos de Don Gonzalo, Doña Lidia, Don Jesús Manuel, Doña Cristina y Doña Ana María, escrito de oposición.
Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites oportunos, se acordó señalar para deliberación, votación y fallo del recurso el día 17 de los corrientes.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
La parte apelante, a través del escrito de formalización del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, y con revocación de la misma, ha solicitado la nulidad de lo actuado desde el momento en el que se resolvió la práctica de la prueba pericial de modo diferente a la propuesta por la actora, o desde que se impidió la ampliación de su práctica; entiende dicha parte que se han infringido las normas que rigen la práctica de dicha prueba pericial, que se ha llevado a cabo de modo distinto a lo solicitado por la demandante, poniendo en tela de juicio los medios materiales que se han considerado indubitados para realizar dicha prueba.
En segundo lugar, subsidiariamente, ha solicitado la desestimación de la demanda por entender que la acción ejercitada por la actora ha caducado, entendiendo de aplicación la legislación vigente con anterioridad al año 1981, en razón de las fechas en las que se produce el fallecimiento de don Rosendo, los plazos transcurridos desde entonces y, en cualquier caso, entiende que ha habido error en la apreciación de la prueba, repitiendo los argumentos señalados en la contestación a la
demanda.
La parte apelada, a través del escrito de oposición al recurso interpuesto de contrario, ha solicitado la confirmación de la sentencia, con desestimación de la pretensión sobre nulidad de actuaciones.
Dispone el artículo 238-3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los actos judiciales serán nulos de pleno derecho cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley, o por infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.
De lo anterior, resulta que para que sea procedente la nulidad de actuaciones se precisa la concurrencia de varios requisitos:
La existencia de una infracción procesal sustancial, por lo que, a sensu contrario, no cualquier infracción de las normas de procedimiento determina la nulidad de actuaciones.
Que dicha infracción haya producido indefensión, siempre que ésta sea relevante, lo que se produce cuando se da lugar a la vulneración de las normas con consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses de la parte (Tribunal Constitucional, Sentencia 48/86, 23 de abril, entre otras).
Por ello, no basta alegar cuestiones meramente procesales para afirmar la existencia de la indefensión, concepto que debe alcanzar un significado material, al producir una lesión efectiva en el derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución (Sentencia 18/83 13 de diciembre,102/87 17 de junio, entre otras).
Sentado lo anterior, es claro que en modo alguno puede prosperar la pretensión procesal planteado por la parte recurrente, pues no se sustenta con criterios sólidos la afirmación relativa a la vulneración de las normas procesales que regulan la práctica de la prueba pericial, incluso teniendo en cuenta la normativa vigente en aquella época, y por cuanto que ignora dicha parte la doctrina del...
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