SAP Toledo 145/2014, 23 de Junio de 2014
| Ponente | JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA |
| ECLI | ES:APTO:2014:514 |
| Número de Recurso | 263/2012 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 145/2014 |
| Fecha de Resolución | 23 de Junio de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Toledo, Sección 2ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
TOLEDO
SENTENCIA: 00145/2014
Rollo Núm. ............. 263/12.-Juzg. 1ª Inst. Núm....4 DE Torrijos.-J. Verbal Núm.......... 256/11.- SENTENCIA NÚM. 145
AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO
SECCION SEGUNDA
Ilmo. Sr. Presidente:
D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. RAFAEL CANCER LOMA
D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS
Dª INMACULADA ORTEGA GOÑI
En la Ciudad de Toledo, a veintitrés de junio de dos mil catorce.
Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NO MBRE DEL REY, la siguiente,
SENTENCIA
Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 263 de 2012, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 4 de Torrijos, en el juicio Verbal núm. 256/11, en el que han actuado, como apelante Marina, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Mónica Fernández Martín.
Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA, que expresa el parecer de la Sección, y son,
Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 4 de Torrijos, con fecha 9-03-2012, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que estimo la demanda interpuesta por COFIDIS HISPANIA E.F.D, SA, frente a Marina condenando a esta a abonar a la actora la cantidad de 3.448,46 #, con los intereses legales y con condena en costas a la parte demandada. SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por la representación procesal de Marina, dentro del término estableci do, tras anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.
Que se reiteran como motivos de recurso los motivos de oposición al Monitorio y luego al Juicio Verbal, esto es, cláusula abusiva por intereses superiores a lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995 de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, y por haberse producido el siniestro asegurado, esto es, la pérdida del empleo que de acuerdo a las estipulaciones de contrato estaba cubierto por el seguro suscrito con la misma prestamista, que garantizaba al prestatario la devolución del préstamo por parte de la aseguradora.
La parte demandante no impugnó el recurso.
La sentencia recurrida excluye la aplicación del artículo 19 de la Ley de Crédito al Consumo porque no pueden equipararse los intereses de demora (descubiertos) a los remuneratorios que forman parte del contrato y obedecen a circunstancias de riesgo que deben tenerse en cuenta a la hora de respetar lo pactado entre las partes ( artículo 1091 C.c ).
de 19 de julio, puesto que aún no había entrado en vigor el R.D. Legislativo 1/07, de 16 de noviembre. Aquella ley sufrió una importante reforma a través de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación 7/98, de 13 de abrilEDL 1998/43305, que comprendió una simbiosis parcial entre ambas normas.
En primer lugar, es de aplicación lo establecido en los arts. 5 y 7 de la Ley de las Condiciones Generales de la Contratación, al exigirse que las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes, siendo que todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas, para, a continuación, establecer que no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones: a) las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración el contrato o cuando no hayan sido firmadas cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5, y b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuando a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. Así como el art. 10.1.a) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios EDL 1984/8937 en la redacción vigente en la fecha en que se suscribió el contrato, que establecía que "las cláusulas, condiciones o estipulaciones que, con carácter general, se apliquen a la oferta, promoción o venta de productos o servicios, incluidos los que faciliten las Administraciones Públicas y las Entidades y Empresas de ellas dependientes, deberán cumplir los siguientes requisitos: concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no faciliten...
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