SAP Valladolid 173/2016, 30 de Mayo de 2016
| Ponente | FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ |
| ECLI | ES:APVA:2016:589 |
| Número de Recurso | 103/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 173/2016 |
| Fecha de Resolución | 30 de Mayo de 2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valladolid, Sección 3ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
VALLADOLID
SENTENCIA: 00173/2016
N10250
C.ANGUSTIAS 21
- Tfno.: 983.413495 Fax: 983.459564
MOB
N.I.G. 47186 47 1 2015 0000229
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000103 /2016
Juzgado de procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000220 /2015
Recurrente: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA S.A.
Procurador: FERNANDO TORIBIOS FUENTES
Abogado: CARLOS REDONDO DIEZ
Recurrido: Leocadia, Alfonso
Procurador: LEIRE RODRIGUEZ HERNANDO, LEIRE RODRIGUEZ HERNANDO
Abogado: MANUEL PEREZ PEÑA, MANUEL PEREZ PEÑA
S E N T E N C I A Nº 173
ILMO.SR. PRESIDENTE
D. JOSE JAIME SANZ CID
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS
D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
En Valladolid a treinta de Mayo de dos mil dieciséis.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000220 /2015, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000103 /2016, en los que aparece como parte apelante, BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA S.A., representado por el Procurador de los tribunales, D. FERNANDO TORIBIOS FUENTES, asistido por el Abogado D. CARLOS REDONDO DIEZ, y como parte apelada, Leocadia, Alfonso, representados por el Procurador de los tribunales, Dª. LEIRE RODRIGUEZ HERNANDO, LEIRE RODRIGUEZ HERNANDO, asistido por el Abogado D. MANUEL PEREZ PEÑA, sobre nulidad de cláusula suelo, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ.
Por el JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de VALLADOLID, se dictó sentencia con fecha 12 de Noviembre de 2015, en el procedimiento JUICIO ORDINARIO Nº 220/2015-F del que dimana este recurso. Se aceptan los antecedentes de Hecho de la resolución recurrida.
La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por don/doña Leire Rodríguez Hernando, en representación de don Alfonso y doña Leocadia, contra BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA S.A, DEBO DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD por abusiva de la cláusula de tipo mínimo de interés (suelo) contenida en escritura de compraventa con subrogación en préstamo hipotecario de 21 de abril de 2004, que reza así: "En ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de cada variación podrá ser superior al DOCE POR CIENTO ni inferior al TRES POR CIENTO", teniéndola por no puesta y las cláusulas suelo concordantes que puedan existir y aquellas que se encuentren en novaciones y subrogaciones, subsistiendo el resto de términos del préstamo hipotecario sin dicha cláusula.
Las costas se imponen a la demandada." Que ha sido recurrido por la representación procesal de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA S.A., oponiéndose la parte contraria.
Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, señalándose la audiencia del día 19 de Mayo de 2016, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.
Planteamiento de la litis: motivos del recurso de apelación interpuesto por BANCO DE CAJA ESPAÑA, SALAMANCA Y SORIA, S.A.
Por el recurrente se interpone recurso argumentando que la cláusula denominada "suelo" objeto del presente litigio supera el filtro de transparencia, así como, por el negocio de subrogación suscrito por la parte demandante, la recurrente no se encontraba compelida a informar previamente al prestatario de las condiciones contractuales que definen el objeto principal del contrato. Se insiste en que la entidad crediticia no intervino, ni pudo intervenir, en la información previa que debía ser suministrada al prestatario, puesto que desconocía que los actores estaban comprando y subrogando, por lo que no le puede ser exigible prestar información previa, ni realizar simulación de escenarios diversos.
- Sobre el control de trasparencia e incorporación de la cláusula litigiosa al contrato de préstamo
Al estar en presencia de una condición general, un primer control a realizar es el de incorporación en los términos del art. 5 y 7 de la Ley 7/98 .
Una forma de superar este control es según el f. 202 de la STS de 9 de mayo el cumplimiento de la OM de 5 de mayo de 1994 ("(...) garantiza razonablemente la observancia de los requisitos exigidos por la LCGC para la incorporación de las cláusulas de determinación de los intereses y sus oscilaciones en función de las variaciones del Euribor" ). En el presente caso de autos, era de aplicación dicha OM al no superar los 150.000 euros el capital prestado, no obrando en las actuaciones la oferta vinculante firmada por los solicitantes, que prevé la citada Orden Ministerial vigente en la fecha de firma de la escritura.
Como es sabido, según establece la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, esta oferta debería contener todas las condiciones financieras del préstamo hipotecario, la cual tiene una validez no puede ser inferior a diez días hábiles a partir de su fecha de entrega, y deberá estar firmada por el cliente por lo menos tres días antes de la firma de la escritura de la hipoteca. Su ausencia supone la infracción de la normativa sectorial que pretende facilitar al prestatario la perfecta comprensión e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario que finalmente vaya a concertar. De ahí la exigencia de que tales contratos, sin perjuicio de la libertad de pactos, contengan un clausulado financiero estandarizado en cuanto a su sistemática y contenido, de forma que sean comprensibles por el prestatario, lo que directamente influye en la trasparencia y comprensión del mismo por los interesados. En el caso que nos ocupa, por tanto, hemos de concluir que la entidad apelante no cumplió con este requisito legal.
No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, esta Sala considera que no se cumplieron los requisitos de incorporación del art. 5.5 y 7 Ley 7/98 (transparencia, claridad, concreción y sencillez) por el propio redactado y ubicación física de la cláusula litigiosa. En concreto, se incluye en la cláusula TERCERA BIS, correspondiente al "TIPO DE INTERÉS VARIABLE", cuando la aplicación de la misma va a suponer en la práctica justamente lo contrario, esto es, la introducción de factores de corrección de dicha variabilidad de los tipos de interés. Por otra parte, la cláusula litigiosa no se diferencia de ella, pues no se recoge en un apartado autónomo, con rúbrica propia que permita intuir la carga económica que supone en el contrato, ni se le da un especial relieve o significación (subrayado, separación de párrafo especial, negrita en su totalidad...).
Por otra parte, resulta confusa en su redacción, pues comienza diciendo que "en ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de la variación podrá ser superior al DOCE POR CIENTO ni inferior al TRES POR CIENTO", para justo a continuación añadir que: "el cálculo del tipo de interés nominal anual aplicable en cada momento se efectuará sin redondeo ni umbral mínimo de fluctuación" . Esta última previsión resulta claramente contradictoria con la limitación al tipo de interés mínimo aplicable que se discute en el presente litigio, y ataca frontalmente la claridad exigida por la Ley para que pueda superar el filtro de incorporación que estamos examinando. Tampoco resulta especialmente clarificadora la redacción de la cláusula TERCERA TER (bonificación de intereses ordinarios al adquirente) en la medida en que se omite cualquier referencia interpretativa sobre la coordinación de la limitación del tipo de interés variable y la acumulación de bonificaciones.
En segundo lugar, es necesario llevar a cabo un segundo análisis o control de transparencia a fin de constatar que "(...) la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato" (f. 211). Es decir, "Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos" (f. 256) sin que sea "(...) preciso que exista equilibrio "económico" o equidistancia entre el tipo inicial fijado y los topes señalados como suelo y techo -máxime cuando el recorrido al alza no tiene límite-" (f. 257). En fin, es un "control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato" (f. 215b).
El propio Tribunal Supremo indica unos parámetros para dicho control. Son unos indicios o hechos que de concurrir pueden permitir apreciar esa comprensión real del consumidor de que la cláusula suelo forma parte del precio (elemento esencial del contrato) y su trascendencia económica. Como aclaró el auto de 3 de junio de 2013: "las circunstancias enumeradas constituyen parámetros tenidos en cuenta para formar el juicio de valor abstracto referido a las concretas cláusulas analizadas. No se trata de una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra. Tampoco determina que la presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo" . Podemos concluir, por tanto, que a...
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