AAP Valencia 42/2019, 8 de Febrero de 2019
| Ponente | MANUEL ORTIZ ROMANI |
| ECLI | ES:APV:2019:756A |
| Número de Recurso | 746/2018 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 42/2019 |
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 11ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN UNDÉCIMA
VALENCIA
NIG: 46094-41-1-2017-0003910
Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) [RPL] Nº 746/2018- S - Dimana del Ejecución Hipotecaria [EJH] Nº 000704/2017
Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE CATARROJA
Apelante: CONSTRUCCIONES PRO-ALBA S.L
Procurador: Dña. MERCEDES SOLER MONFORTE
Letrado: Dña. CONCEPCION TORRES PONS
Apelado: SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA
S.A(SAREB)
Procurador: Dña. LORENA PEÑA CALVO
Letrado: D. BERNARDO JOSE PELLICER PERIS
AUTO Nº 42/2019
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Ilmos/as. Sres/as.:
Presidente:
DÑA SUSANA CATALAN MUEDRA
Magistrados/as:
D ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA
D. MANUEL ORTIZ ROMANI
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En Valencia, a ocho de febrero de dos mil diecinueve .
El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE CATARROJA, en fecha 19.6.2018 en el procedimiento de Ejecución Hipotecaria [EJH] - 000704/2017 que se tiene dicho, dictó auto conteniendo el siguiente pronunciamiento: "PARTE DISPOSITIVA: Desestimo íntegramente la oposición de CONSTRUCCIONES PROALBA S L y declaro que la ejecución hipotecaria nº 704/2017 debe seguir conforme al procedimiento legal establecido. Ha lugar a la imposición de las costas causadas en este incidente a CONSTRUCCIONES PROALBA S L Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de apelación en los términos del art. 695.4 de la LEC ."
Contra dicho auto, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal de CONSTRUCCIONES PRO-ALBA S.L, y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de oposición por la representación procesal de SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA S.A(SAREB). Admitido el recurso de apelación y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, se señaló para deliberación y votación el día
6.2.2019.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL ORTIZ ROMANI.
Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en lo que no se opongan a los de la presente resolución.
Planteamiento
La representación procesal de Construcciones Pro-Alba SL formula recurso de apelación contra el autodictado por la Ilma. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia núm.1 de Catarroja en fecha 19 de junio de 2018 por el que se desestimaba la oposición formulada por la parte apelante, respecto de la demanda formulada por la entidad Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria SA.
La resolución de instancia desestimó la oposición a la ejecución al considerar que la sociedad ejecutada carecía de la condición de consumidor, como presupuesto para analizar el carácter supuestamente abusivo de determinadas cláusulas contractuales, y al entender que no había quedado acreditado el error en la determinación de la cantidad exigible, en los términos del artículo 695.2 LEC .
La parte ejecutada-apelante impugna la desestimación de la oposición manifestando que ostenta la condición de consumidora, y que la cantidad fue erróneamente fijada en la demanda ejecutiva.
La parte ejecutante se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución.
Préstamo hipotecario
La demanda ejecutiva presentada por la entidad bancaria tiene su fundamento en la escritura pública de préstamo hipotecario de fecha 23 de septiembre de 2010, celebrada entre Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, por un lado, y la mercantil Construcciones Pro Alba SL, por otro (documento 1 de la demanda). Después de una primera cesión a la entidad Catalunya Banc, el activo fue finalmente cedido a la ahora ejecutante en fecha 21 de diciembre de 2012 (documento 3 de la demanda).
De la citada escritura se desprende, entre otras estipulaciones, que el importe del préstamo fue de 3.058.690 euros, que tenía una duración de 30 años, a partir del 1 de octubre de 2012, o un mes después de la fecha de venta de cada una de las fincas, y que se amortizaría mediante el abono de 360 cuotas mensuales (período de amortización). Previamente al inicio del período de amortización, la prestataria abonaría 8 cuotas trimestrales comprensivas únicamente de intereses remuneratorios de la cantidad dispuesta. La entidad prestamista ostentaba la facultad de dar por vencido anticipadamente el préstamo, exigiendo el saldo total que resultara a su favor, en caso de falta de pago de una cuota de intereses o amortización.
Condición de consumidor
Lógicamente, antes de entrar en el examen del posible carácter abusivo de las distintas cláusulas alegadas por la parte ejecutada, debía dilucidarse la cuestión del carácter o no de consumidor de la propia ejecutada.
La cuestión, evidentemente, era primordial, pues de no ostentar tal carácter, no podían analizarse las cláusulas contractuales desde el punto de vista de la Directiva 93/13 y del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007, que resultarían inaplicables.
El concepto de consumidor del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios de 2007 está contenido en su artículo 3 que dispone que "A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial."
En lo que ahora interesa, la redacción anterior a la reforma operada por la Ley 3/2014 surte los mismos efectos.
Y dichos efectos consisten en que, si bien la normativa española extiende el concepto de consumidor a las personas jurídicas, superando en este punto a la normativa europea, en todo caso debe tratarse de personas que actúen en un marco o propósito ajeno a su actividad comercial o empresarial.
En el caso de autos, el examen de la documentación aportada por la parte ejecutante evidencia que la sociedad ejecutada no revestía la condición de consumidora cuando firmó el contrato de préstamo que ahora se pretende ejecutar.
En efecto, en el contrato celebrado, por aquel entonces, entre Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresay la parte ejecutada, que tenía por objeto la promoción, construcción y venta de edificios, entre otros, se dejó constancia que el importe del préstamo iba destinado precisamente a la finalización de la obra de construcción de un inmueble que la sociedad apelante estaba llevando a cabo en Albal. En dicha escritura, se identificaba a dicha sociedad como "promotor".
Siendo así las cosas, es incuestionable que el importe del préstamo se destinó a la actividad empresarial constitutiva precisamente del objeto social de la sociedad ejecutada, la cual, obviamente, no puede merecer, a los efectos ahora examinados, la condición de consumidor, ni gozar de la protección que a los mismos se dispensa en este ámbito.
Así se ha pronunciado, por ejemplo, el AAP de Valencia, Sec. 9ª, de 3 de octubre de 2013, Pte: Martorell Zulueta, con cita del Auto de 30 de abril de 2013 (Pte. Sra. Andrés Cuenca) en el sentido de que"la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la...
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