SAP Cáceres 163/2003, 21 de Julio de 2003
| Ponente | MARIA MERCEDES SABIDO RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:APCC:2003:582 |
| Número de Recurso | 186/2003 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 163/2003 |
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2003 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Cáceres, Sección 1ª |
SENTENCIA NÚM.- 163/03Ilmos. Sres.
PRESIDENTE:
DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA =
MAGISTRADOS:
DON ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ FLORIANO =
DOÑA MERCEDES SABIDO RODRÍGUEZ =
_____________________________________________________
Rollo de Apelación núm.- 186/03 =
Autos núm.- 12/03 =
Juzgado de 1ª Instancia núm.- 2 de Cáceres =
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En la Ciudad de Cáceres a veintiuno de julio de dos mil tres.
Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Verbal núm.- 12/03 , sobre reclamación de cantidad , del Juzgado de 1ª Instancia núm.- 2 de Cáceres, siendo parte apelante, la demandante DOÑA Julieta , representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Leal López y defendida por el Letrado Sr. Jurado Lena
, y como parte apelada, el demandado DON Sebastián , representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Collado Díaz y defendido por el Letrado Sr. Alonso Martínez .
Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.- 2 de Cáceres, en los Autos núm.- 12/03, con fecha 5 de mayo de 2003, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que estimando la excepción perentoria de caducidad de la acción entablada y sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, desestimo la demanda interpuesta por DOÑA Julieta , representada por el Procurador Don Carlos Alejo Leal López y defendida por el Letrado Don Carlos Jurado Lena, contra CONSTRUCCIONES J. MARIÑO, representada por la Procuradora Doña Ana María Collado Díaz y defendida por el Letrado Don Javier Alonso Martínez, con imposición de las costas procesales a la parte demandante." (Sic.)
Frente a la anterior resolución y por la representación de la parte demandante, se solicitó la preparación del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Admitido que fue la preparación del recurso por el Juzgado, se emplazó a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los arts. 457.3 de la L.E.C. por veinte días para la interposición del recurso de apelación, conforme a las normas del art. 458 y ss. de la citada ley procesal.
Formalizado en tiempo y forma el recurso de apelación por la representación de la parte demandante, se tuvo por interpuesto y de conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.
Presentado escrito de oposición al recurso por la representación de la parte demandada, se remitieron los autos originales a esta Audiencia Provincial, que por turno de reparto correspondió a esta Sección 1ª, incoándose el correspondiente Rollo de Sala, turnándose de ponencia y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de las partes, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para la DELIBERACIÓN Y FALLO el día 21 de julio de 2003 , quedando los autos para dictarsentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Vistos y siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA MERCEDES SABIDO RODRÍGUEZ .
Se alza el presente recurso contra la Sentencia dictada con fecha 5 de mayo de 2003 por la que, estimando la excepción perentoria alegada por la demandada en la instancia se desestima la demanda sin conocer sobre el fondo del asunto.
A la vista de las alegaciones efectuadas por las partes, debemos proceder a determinar si la acción ejercitada ha caducado. Para ello habrá que determinar qué relación jurídica existe entre las partes y concretar cuál es la acción que se ejercita por el demandante en la instancia para, seguidamente, resolver sobre la excepción perentoria de caducidad alegada por el demandado en la instancia, ahora parte apelada.
Se reclama la reparación de unos defectos señalados en la demanda. Debemos proceder, para determinar qué acción se ejercita, a calificar la relación jurídica existentes entre los litigantes. En concreto, a la vista de las alegaciones, la discusión se centra en determinar si nos encontramos ante un contrato de obra con suministro de materiales y la acción que se ejercita es la derivada del cumplimiento defectuoso de las obligaciones del contratista, teoría que sostiene la parte apelante, demandante en la instancia; o, como consideró el Juez a quo recogiendo la tesis del demandado en la instancia, ahora parte apelada, encontrándonos ante un contrato de compraventa se está ejercitando la acción derivada de la obligación de saneamiento del vendedor por vicios ocultos prevista en los artículos 1484 y siguientes del Código civil. El régimen jurídico en uno y otro caso es muy diferente. Así, en orden a determinar la prescripción de la acción, en el primer supuesto resultará de aplicación el plazo de prescripción de quince años previsto en el artículo 1964 del Código civil; mientras que un plazo mucha más corto, de seis meses, corresponde a la acción de saneamiento por vicios ocultos de acuerdo con el artículo 1490 del mismo texto legal.
Las dificultades que comporta la distinción entre el contrato de arrendamiento de obra con suministro de materiales y el de compraventa son evidentes. En el caso de autos, para concretar si nos encontramos ante uno u otro supuesto debemos proceder a analizar la documentación obrante, principalmente, el acuerdo de las partes. Del presupuesto aportado con la demanda (obrante a los folios 14 y siguientes (18)) se observa que su destino o finalidad es obtener un resultado, el de colocar una tarima flotante de roble en vivienda. El documento, como indica su propia rúbrica, versa sobre "medición y presupuesto para colocación de tarima flotante de roble en vivienda". En cuanto a su contenido, del mismo se deriva para la demandado la obligación de levantado de rodapiés a mano, de aportar tarima flotante de roble y rodapié chapado roble así como ayuda de albañilería a instalaciones especiales por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, limpieza y otros trabajos. Del propio presupuesto se desprende que el acuerdo no versa únicamente sobre la entrega de un bien a cambio de un precio; sino que se está otorgando prevalencia al trabajo sobre el material. La importancia que se otorga a la actividad también se observa en el documento número 3, también aportado con la demanda, en el que la parte ahora apelada hace constar la reparación consistente en " colocación de 41,42 m2 de pavimento de madera". Asimismo, la parte demanda en todo momento, tanto en el acto de celebración de la vista como en el escrito de oposición al recurso de apelación, hace referencia a "la obra" contratada.
En definitiva, las partes acordaron la colocación de una tarima de roble. En virtud de dicho acuerdo, nace para el demandante en la instancia, ahora parte apelante, la obligación de pago. El demandado en la instancia, ahora parte apelada, se obliga a realizar una obra suministrando el material, asumiendo, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo (STS de 22 de febrero de 1997) una responsabilidad de resultado, la colocación de una tarima de roble. Nos encontramos, por tanto, ante...
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