AAP Madrid 471/2003, 5 de Noviembre de 2003
| ECLI | ES:APM:2003:12125 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 471/2003 |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 17ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCION: 17ª
APELACION NUMERO/AÑO: 201/03
PROCEDIMIENTO
: JUICIO DE FALTAS
NUMERO/AÑO
: 583/02
JUZGADO DE INSTRUCCION
LOCALIDAD/NUMERO
: ALCALA DE HENARES 7
MAGISTRADO: Ilustrísimo Señor:
Don Jesús Fernández Entralgo.
(Presidente)
La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, en la causa de referencia, ha dictado,
EN NOMBRE DE S.M., EL REY,
la siguiente
S E N T E N C I A Nº 471/03
En la Villa de Madrid, a cinco de noviembre de dos mil tres.
La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, constituida como órgano unipersonal, y actuando, en tal concepto, el Ilustrísimo Señor Magistrado Don Jesús Fernández Entralgo, ha visto el recurso de apelación interpuesto por Gabino , al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada, con fecha diez de diciembre de dos mil dos, en juicio de faltas número 583/02, del Juzgado de Instrucción nº 7 de los de Alcalá de Henares. Intervino como parte apelada, Adolfo .
Con fecha diez de diciembre de dos mil dos, se dictó sentencia en juicio de faltas número 583/02, del Juzgado de Instrucción nº 7 de los de Alcalá de Henares.
En dicha resolución y en su parte dispositiva se contenía el siguiente fallo:
CONDENAR a Gabino , como autor de una falta de maltrato de obra, a la pena, de 30 días de multa a razón de 6 Euros diarios, que suman un total de 180 Euros y que se hará efectivo, mediante ingreso en la cuenta general de consignaciones de este Juzgado, en el plazo del mes siguiente al de la firmeza de esta resolución, así como al pago de las costas procesales.
Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por Gabino , al que se adhirió el Ministerio Fiscal.
Dado traslado a las demás partes, formularon sus alegaciones. Remitido a este Tribunal, pasó al Magistrado a quien por turno correspondió. No se estimó precisa la celebración de vista, quedando el recurso pendiente para sentencia.
H E C H O S P R O B A D O S
Se mantienen los fijados, como tales, en la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos.
El recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia, cualquiera que sea el procedimiento (juicio de faltas, alguno de los modelos abreviados por delito y el por delito ante Tribunal del Jurado), está construido sobre la idea de la atribución de un poder pleno de enjuiciamiento revisor del caso (plena cognitio) al órgano decisor, quien asume, en principio, la misma posición que el órgano jurisdiccional autor que dictó la resolución recurrida, con la única restricción que impone la prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius.
Esta concepción del recurso de apelación es compartida por el Tribunal Constitucional desde sus primeros pronunciamientos sobre este tema (lo demuestra la lectura de sus Sentencias 54 y 84 de 1985, de 18 de Abril y de 8 de Julio, respectivamente).
Así se sigue manteniendo hasta el presente. Las Sentencias 167/2002, de 18 de septiembre, y 197/2002, 198/2000 y 200/2002, las tres, de 28 de octubre, 212/2002, de 11 de noviembre y 230/2002, de 9 de diciembre, que "... el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 120/1999, de 28 de junio, FF JJ 3 y 5; ATC 220/1999, de 20 de septiembre). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim. otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE" (FJ 11). ...".
Claro que el propio Tribunal Constitucional, a partir de su...
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