SAP Barcelona, 15 de Abril de 2002
| Ponente | ENRIQUE ANGLADA FORS |
| ECLI | ES:APB:2002:3956 |
| Número de Recurso | 418/2001 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 15 de Abril de 2002 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 18ª |
SENTENCIA
Ilmos Sres.
D. ENRIQUE ANCLADA FORS
D. JOSÉ MARÍA BACHS ESTANY
Dª. MARGARITA NOBLEJAS NEGRILLO
En la ciudad de Barcelona, a quince de abril de dos mil dos.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoctava de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de incapacidad, n° 229/2000, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Vic, a instancia del MINISTERIO FISCAL, contra DON Alvaro representado, ante esta alzada, por el Procurador DON VICTOR DE DANIEL Y CARRASCO- ARAGAY y dirigido por el Letrado DON RICARDO DE LA ROSA FERNANDEZ; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día 3 de abril de 2001, por la Sra, Juez del expresado Juzgado.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda del Ministerio Fiscal contra Alvaro representado por la procuradora Sra. PRAT y por sus méritos declarar a Alvaro incapacitado PARCIALMENTE para regir su persona y bienes".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del demandado, al que se dio traslado al Ministerio Fiscal, presentando éste escrito de oposición al mismo, tras lo cual se remitieron los autos a esta Superioridad, y recibidos los autos, se designó Ponente, se acordó por la Sala 1ª práctica de pruebas en la alzada, y se señaló para la celebración de vista el día 10 de abril de 2002, con el resultado que obra en el Acta autorizada por la Sra. Secretaria de la Sección, incorporada a las actuaciones.TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Sección, D. ENRIQUE ANCLADA FORS.
1. La incapacitación, como proclama el Tribunal Supremo en sentencia de 31 de diciembre de 1991, supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el artículo 210 del Código Civil (hoy artículo 760 de la
L.E.C.), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX del Libro I del Código Civil) -y en la actualidad los artículos 756 al 763 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000-, prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores. En este sentido la función judicial les adentra en el proceso, no sólo como árbitros y directores del mismo, sino también como activos integrantes, que, sin ser propias partes procesales, sí son interesados en la aportación de todo el material preciso probatorio, desde los exámenes directos del presunto incapaz (Art. 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000), tanto por el Juez de Instancia, como por el Tribunal, si éste es el que declara la incapacidad o la capacidad, en una actuación que no puede calificarse propiamente de reconocimiento judicial (Art. 353 de la L.E.C. actual), sino que se trata de una prueba directa, legal, autónoma y obligada, que junto con las que refiere el citado artículo 759 y las que suministren las partes, componen el material probatorio suficiente para pronunciar la decisión judicial que, en el ámbito civil, se presenta como una de las mas trascendentes, ya que afecta a la libertad propia de los seres humanos, por lo que estas cuestiones no deber permanecer lejanas a la sensibilidad y carga humana de los juzgadores a los que corresponde emitir la respuesta-sentencia adecuada. Como estado civil limitativo de derechos, la constitución o declaración de incapacidad, está sometida, en cuanto a las causas que la determinan, al principio de legalidad, y en cuanto a sus efectos, a la previa constitución por resolución firme de los órganos jurisdiccionales,...
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